Protestas en Catalunya
(Des)orden público
Lo peor que puede pasar es que las fuerzas de seguridad, en situaciones de crisis, se sientan manipuladas, abandonadas a su suerte, y no protegidas por su mando político, por su Gobierno y su 'president'
Pere Vilanova
Catedrático emérito (UB).
Pere Vilanova
Hace pocos días aparecía un breve texto en la sección de Cartas al Director en un importante periódico, y el autor, probablemente un hombre de edad, explicaba una anécdota curiosa. En los días posteriores al 18 de julio de 1936, cuando el golpe franquista había fracasado, Barcelona y Catalunya habían quedado de hecho en manos del llamado Comité de Milicias Antifascistas, un heterogéneo grupo en el que había de todo, y que sin poder controlar el territorio de modo regular, cortocircuitó las instituciones de la Generalitat. Durante meses no se pudo hablar de que el Govern controlaba el orden público, ni neutralizar los múltiples excesos que se cometieron en su territorio (por lo demás actualmente bien documentados). Una delegación de ciudadanos preocupados fue a ver al 'president' Companys, y este, de acuerdo con la mencionada carta, solo acertó a decir: “'Mos han desbordat'”.
Esta anécdota empieza y acaba aquí, en términos de comparación con los tiempos que vivimos. ¿Seguro? Bien, que cada cual lo valore como le parezca, pero hay un aspecto que merece ser resaltado, y gira en torno a la idea del colapso del 'orden público'. El orden público es inherente a la principal responsabilidad de un Gobierno: garantizar la paz social, y para ello dispone de instrumentos específicos, normas jurídicas, Administración, recursos, y sobre todo cuerpos de seguridad. Policía. Y aquí empiezan los requisitos para que esto funcione. Un Gobierno a veces ha de afrontar situaciones complicadas, difíciles, pero lo que no puede permitirse es una Policía indisciplinada o desleal, desde luego no es el caso aquí. A su vez, la Policía ha de saber que puede confiar en el Gobierno al que sirve, aunque su cometido final sea servir a la ciudadanía. Sin leyes, sin Administración y sin fuerzas de seguridad, entra en quiebra el concepto de 'paz social', y ante esto pueden suceder muchas cosas, y todas malas. La peor de todas es que las fuerzas de seguridad, en situaciones de crisis, con episodios de violencia de gravedad crecientesituaciones decrisis, se sientan manipuladas, abandonadas a su suerte, y no protegidas por su mando político, por su Gobierno y su 'president'.
Además, como es bien sabido, la estructura reglamentaria de un cuerpo policial limita mucho su capacidad de reacción en términos de queja y de protesta. Es cierto que en varios casos cuentan con sindicatos u organizaciones profesionales, pero no están pensados para afrontar crisis estructurales, sino defender derechos laborales, carrera profesional...
El motor del desbordamiento
Aquí, a diferencia de Companys en 1936, hay un 'president' que no se limita a constatar que los hechos le han desbordado. Él ha sido el motor principal del desbordamiento: vía CDR (lo pudimos ver y oír en directo en una de las homilías de TV-3) y vía Tsunami (muy poco o nada democrático), ha dejado de lado una cosa tan indispensable como dar la cara por los Mossos, ha dejado solo al 'conseller' Buch, que ha de enfrentarse a todo y a todos los de su propio campo. Insólito.
Lo que ha pasado en estas últimas semanas, desde el asalto al aeropuerto de El Prat a los destrozos de las noches de violencia urbana, para culminar en la también violenta interrupción de la autopista AP-7, resume a la perfección el colapso del principio de paz social, descalifica a la institución responsable de la misma, y señala con el dedo a una cadena de responsables, pero el 'líder máximo' es sin duda alguna Quim Torra. Y, por tanto, cualquier afirmación de que todo esto es un proceso “pacífico y democrático” es simplemente una estafa moral.
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