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Editorial

Basta a la acampada de Universitat

Un centenar de personas no puede negar de forma indefinida el uso del espacio público al resto de ciudadanos

Estado de la acampada de la plaza de la Universitat en Barcelona, tras la noche de lluvias.

Estado de la acampada de la plaza de la Universitat en Barcelona, tras la noche de lluvias. / JORDI COTRINA

La Guardia Urbana ha desalojado, 21 días después, la acampada de la plaza Universitat. Sobre el asfalto de la Gran Via, en pleno corazón de la ciudad, los estudiantes habían instalado unas decenas de tiendas en protesta contra la sentencia del ‘procés’. Se autodenominaron la generación del 14 de octubre (día en que el Supremo dio a conocer la condena) y llamaron a más jóvenes a sumarse. Anunciaron que la acampada sería indefinida. Reclamaban «amnistía, un futuro digno y el fin de la represión».

A pesar de su coincidencia con el 10-N, la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) permitió su continuidad dado que sus reivindicaciones no apelaban directamente al voto y sus reivindicaciones eran de «amplio espectro», como «el acceso a la vivienda, la denuncia de la violencia de género, de la emergencia climática, de la muerte de inmigrantes en el Mediterráneo y de los derechos sociales».  Durante los primeros días de la acampada el ambiente era reivindicativo y festivo, un alternativa a las escenas violentas de los días anteriores. Pero los días pasaron y las divergencias entre los congregados se fueron haciendo más profundas.

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El viernes 8 de noviembre, las juventudes de ERC y la CUP abandonaron la acampada. Pero esta continuaba, cada vez más mermada y con graves problemas de convivencia. Ante la pasividad de la Guardia Urbana y de los Mossos, la paciencia de muchos se ha puesto al límite. Por supuesto la de los comerciantes, pero también la de tantos ciudadanos que han visto la movilidad del centro de la ciudad gravemente afectada.

El derecho de protesta ampara las movilizaciones, otra cosa es la proporcionalidad entre la reivindicación y la negación del uso del espacio público al resto de los ciudadanos. Más aún cuando su permanencia se planteaba como ilimitada y sus peticiones,tan amplias. No es razonable que una protesta de poco más de un centenar de personas haya puesto en jaque el normal funcionamiento de toda una ciudad durante tanto tiempo. Es una situación que debería haber acabado bastante antes.