La pregunta olvidada de Boye a Torra

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecía en el TSJC para acusar al Estado de vulnerar los derechos de los catalanes y lo hizo mediante un corto y didáctico diálogo con su abogado, Gonzalo Boye. Ambos siguieron un guion al que solo le faltó una pregunta, la que hubiera permitido entender por qué la desobediencia asumida por Torra a los requerimientos de la JEC para retirar la pancarta de los presos políticos y el lazo amarillo fue solo transitoria si, como había argumentado con anterioridad el 'president', mantenerlas en el balcón era un acto político irrenunciable.

La breve historia de la desobediencia de Torra acabó con la sustitución de la pancarta prohibida por otra que hacía referencia a la libertad de expresión. El detalle no mereció ninguna referencia en el meticuloso guion Boye-Torra al suponer una evidente contradicción con todo el argumentario político desplegado ante el tribunal para explicar las razones para no retirar del balcón del Palau de la Generalitat la pancarta inicial y el lazo amarillo. La decisión se justificaba, dijo Torra, tanto en las instrucciones del Parlament como en la opinión pública mayoritaria que considera una injusticia la judicialización de la política y el encarcelamiento de los líderes del 'procés', así como el carácter no partidista de los lazos amarillos y la 'estelada'.

Gesticulación política

La JEC pretendía, en opinión de Torra, hacerle caer en prevaricación política del mandato parlamentario y social, a partir de una “orden no taxativa”, “ilegal”, “nula”, un auténtico “acto de censura”. El olvido de Boye en su interrogatorio impidió al tribunal y a todo el país conocer los motivos que empujaron al 'president' de la Generalitat a desdecirse de su teórico compromiso ineludible con el Parlament y la mayoría social. El interés político de conocer dichos motivos probablemente sería irrelevante para el tribunal, sin embargo, estos detalles permitirían a la opinión pública, en especial a sus seguidores, valorar la gesticulación política del 'president' con mayor conocimiento de causa y eludir la crítica recurrente de banalización de la desobediencia implícita en el episodio.

Torra negó la evidencia de haber cumplido, en última instancia, el mandato de la JEC, (“no la cumplí, sí, desobedecí”, dijo), apostando formalmente por una eventual inhabilitación que no aportará ninguna paz al revuelto escenario de la política catalana-española. El cambio de tono que persiguen ERC y PSOE en relación al conflicto político para hacer posible un gobierno de izquierdas podría quedar seriamente comprometido si el tribunal se da excesiva prisa en redactar el fallo y este resultara condenatorio. De todas formas, la inhabilitación, de existir, no sería efectiva (salvo para una candidatura electoral, nunca planteada) hasta que la condena fuera firme, de ahí que su incidencia en la agonizante legislatura catalana no sería inminente y ERC podría seguir instalada en su duda sobre las ventajas e inconvenientes de acelerar o no la caída del gobierno.