Parches aquí y allá, pero ¿hasta cuándo?

Un mes después de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes y políticos catalanes, las movilizaciones siguen brotando por toda Catalunya mientras en Madrid se forjan alianzas para intentar asegurar un Gobierno progresista. No está claro aún que la formación de ese Gobierno suponga un avance en el conflicto entre Catalunya y España, pero lo que sí podemos analizar es si las movilizaciones tienen algún impacto concreto en las actitudes o decisiones de los partidos políticos en Madrid. 

Si bien durante la campaña electoral -que de facto ha durado meses- los partidos se debían a unos límites y tensiones partidistas y cortoplacistas, una vez consigan formar Gobierno debería imponerse una lógica estatal a más largo plazo. Es decir, entra dentro de la lógica electoralista que el PSOE quisiera dar imagen de Estado ante su electorado y que, viendo las encuestas y los índices de opinión pública, optase por un discurso muy enmarcado en el statu quo: Constitución de 1978, legislación vigente, nada de abrir debates identitarios y ni un comentario sobre el sistema monárquico o republicano. En tiempos convulsos no hay incentivos para proponer debates de fondo que puedan rasgar la estabilidad aparente. En cambio, sí los hay para llamar a la calma, dar apariencia de control de la situación y transmitir confianza en que se tienen las riendas bien cogidas.

Nada más lejos de la realidad. Tsunami Democràtic y los Comitès de Defensa de la República (CDR) siguen haciendo convocatorias a la movilización que, en mayor o menor medida resultan exitosas como tales. Los partidos independentistas han vuelto a conseguir buenos resultados electorales y al constituir Gobierno habrá en el Congreso 23 escaños ocupados por políticos cuyo compromiso con su electorado pasa por la independencia o la soberanía catalanas. Nadie que ocupe la Moncloa tiene realmente la situación bajo control ahora mismo. El control aparente, ese que pasa por un discurso firme y actividad regular de los mecanismos establecidos, no significa un control real y a largo plazo del escenario.

Que la policía o el sistema judicial actúen de forma estricta llevando los límites de lo legal hasta puntos a veces ilegítimos consigue que parezca que el Estado hace seguimiento minucioso de cualquier acción disidente. Si Tsunami o los CDR organizan un corte de carreteras, enviamos a la Policía Nacional y apagamos el fuego. Si la movilización es en La Jonquera, ídem. Si hay detenidos, que pasen a disposición judicial. El panorama queda estabilizado poniendo parches aquí y allá, pero ¿hasta cuándo? 

Conciencia de Estado

Alguien con conciencia de Estado debe tener muy claro que ningún régimen democrático puede ahogar de forma indefinida las aspiraciones políticas de un colectivo con mayoría significativa sin dañar los propios principios democráticos. El daño hacia estos principios, el sistema de derechos y las instituciones estatales ya hace tiempo que empezó. Lo único que queda por ver, a falta de voluntad de solucionar, es quién aguantará más, si el Estado conteniendo la ruptura y la desafección o el independentismo movilizado erosionando al Estado.