¿Propuestas políticas o electoralistas?

El periodo electoral del 10-N nos ha abocado, una vez más, a una campaña en la que el cumplimiento de la ley ha estado en primer plano. La ley entendida como regla social que establece qué comportamientos son permitidos y cuáles castigos hay que imponer a los transgresores. Dada la enorme preocupación que suscita el tema, sería lógico que tanto el establecimiento de las reglas como el cumplimiento de los castigos se encontraran también en el centro de las propuestas de los partidos, pero ni los programas electorales y ni las declaraciones de los candidatos han reflejado una verdadera preocupación.

Somos uno de los países de Europa con el Código Penal más duro en cuanto a la duraciónCódigo Penal más duro de las penas de prisión. Un dato que puede incluso gustar a parte de la población, pero que no debería satisfacer los responsables políticos que aspiran a reducir la tasa delictiva y aumentar la seguridad con su acción de gobierno. Si las políticas se diseñan para resolver los problemas y no para sacar rédito electoral, hay que tener en cuenta el conocimiento científico y basado en la experiencia.

Pues bien, hemos asistido a un espectáculo grotesco con varias voces compitiendo por demostrar quién será más duro con los castigos y quien dejará caer con mayor contundencia todo el peso de la ley sobre el responsable del crimen más mediático del momento, a pesar de saber que aumentar la dureza de las penas no hace disminuir el número de delitos y, en cambio, tiene el enorme riesgo de aumentar la violencia de los mismos. La experiencia y la ciencia nos lo demuestran.

Mientras tanto, las ciencias sociales ven como sus universidades se vacían de talento y, al no llevar el apellido 'tecnológico' o 'económico', no tienen ninguna visibilidad. Quizás esta es la excusa para no tener en cuenta los conocimientos que ofrecen a la hora de hacer propuestas legislativas o de gobierno, porque si no ¿como se explica que el populismo punitivo siga vigente?

Ante todo, prevención

Lo más alarmante, sin embargo, es la ausencia de propuestas orientadas a prevenir efectivamente los delitos. Ni siquiera comprando el discurso de las penas ejemplificadoras se podría decir que se está llevando a cabo una política de prevención de la conducta violenta. Principalmente por dos motivos: en primer lugar porque la mejor política de seguridad es el compromiso con las políticas sociales, y en segundo porque evitar la reincidencia pasa necesariamente por centrarse en reducir los factores de riesgo y aumentar los de protección. Y esto va mucho más allá de los años de condena.

Para combatir la delincuencia es imprescindible abordarla desde el paradigma de la prevención. Prevención primaria que invalide la violencia como vía para la resolución de conflictos y articule políticas sociales que hagan frente a los factores de riesgo y vulnerabilidad que favorecen la aparición de la conducta violenta. Es alarmante que campen libremente discursos que establecen una relación causa-efecto entre migración y delincuencia mientras convivimos con una ley de extranjería obsoleta que priva de oportunidades a las personas en situación administrativa irregular. Es incoherente que se criminalice la ocupación de viviendas mientras no se respeta el derecho fundamental de acceso a la vivienda. Y es indignante que sean necesarias nuevas víctimas de la violencia machista para que se planteen propuestas para combatirla.

Somos uno de los países de Europa con el Código Penal más duro
en cuanto a la duración de las penas de prisión

Prevención también secundaria, que actúe sobre las situaciones de riesgo que se detectan desde todos los servicios públicosservicios públicos, poniendo en el centro la persona y superando cuestiones competenciales. Abordando los problemas en el momento que afloran con una intervención regida por el principio de realidad.

Y prevención terciaria que analice la respuesta que se da, explique por qué se da y la mejore en base a la evaluación. Hay que hacer partícipe a la comunidad de esta respuesta y explicar que las medidas penales alternativas son efectivas, y que por eso a día de hoy, al menos en Catalunya, ya igualan en número a las medidas de prisión. Explicar que el cumplimiento de penas de prisión con retorno progresivo a la comunidad es efectivo, disminuye notablemente la reincidencia y aumenta la seguridad. Sigue siendo un cumplimiento de condena, la 'buena conducta' ya no existe y lo que es valora es el progreso en el proceso de reinserciónproceso dereinserción, que es el objetivo principal de la pena. Desde la responsabilidad política hay que preguntarse qué ha fallado cuando el cumplimiento de la condena no alcanza los objetivos, y más aún si ha supuesto un aumento de la vulnerabilidad y una pérdida de oportunidades de reinserción.

Las personas que trabajan en el ámbito social son las encargadas de todo esto y la inversión en este ámbito se traduce en personas. Profesionales que se dedican a acompañar a otras personas para mejorar la cohesión y la justicia social. Conceptos etéreos que se construyen con políticas efectivas, no con titulares llamados al viento.