Los nuevos pilares de la tierra
"Estamos ante un acuerdo global de gran calado que permitiría establecer una fiscalidad internacional radicalmente diferente a la actual"
Benjamí Anglès Juanpere
Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC.
Benja Anglès Juanpere
Los países miembros de la OCDE y del G-20 han anunciado su nuevo plan de reforma de la tributación internacional que se sustenta en dos pilares fundamentales. El primero hace referencia a la propuesta de un impuesto mundial que pondría fin a la llamada 'tasa Google' a nivel nacional y que daría paso a una nueva figura impositiva internacional que obligaría a cualquier multinacional de servicios, no sólo las digitales, a tributar en todos aquellos países en los que realiza sus actividades y no exclusivamente en aquél dónde tiene su sede fiscal.
El objetivo es gravar los beneficios de las empresas multinacionales del sector servicios que superen la rentabilidad media, distribuyendo posteriormente lo recaudado entre los estados de mercado donde residen sus clientes. Aún falta por determinar cómo se fijará dicha rentabilidad media y cómo se repartirá lo recaudado entre los países beneficiados, pero de momento esta propuesta ya cuenta con el apoyo de las principales economías y podría ser una realidad en el 2020. De hecho, ya han mostrado su aceptación tanto la Administración Trump, que ve como este impuesto no se dirige únicamente en las empresas tecnológicas americanas, como también los grandes países europeos, entre los cuales Alemania, Francia, Reino Unido y España, que así ven atendidas sus demandas de poder gravar una parte de los beneficios que tales empresas obtienen en sus territorios pero que hasta la fecha vienen declarando y tributando íntegramente en otros países con menor fiscalidad.
Por su parte, el segundo pilar persigue instaurar un importe mínimo del impuesto de sociedades a nivel mundial, con el objetivo de evitar que las multinacionales acaben fijando su residencia fiscal en aquellos países donde los tipos impositivos son más bajos. De este modo se podría luchar de manera eficaz contra el llamado dumping fiscal mediante un acuerdo multilateral que logre poner fin a las prácticas desleales de algunos países de querer atraer nuevos contribuyentes mediante abusivas rebajas fiscales. En este caso tampoco se ha concretado cuál será el tipo mínimo a aplicar, ni si existirán límites o exenciones para excluir determinadas empresas del nuevo gravamen, aunque se pretende que esta medida también entre en vigor el próximo año.
Por consiguiente, estamos ante un acuerdo global de gran calado que permitiría establecer una fiscalidad internacional radicalmente diferente a la actual, siendo mucho más equitativa si finalmente se consigue fijar a nivel mundial un porcentaje mínimo de tributación para todas las empresas, poniendo fin a la carrera desbocada de algunos países de reducir los tipos impositivos; así como si se permite una redistribución de la tributación de los beneficios empresariales entre los países dónde realmente se generan, pudiendo terminar de este modo con los ardides legales de aquellas empresas multinacionales que han conseguido eludir el pago de impuestos aprovechando las lagunas de la globalización de la economía.
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