Asesinato en San Salvador: memoria, reparación y justicia

La madrugada del 16 de noviembre de 1989 militares del Batallón Atlacatl, del Ejército salvadoreño, irrumpieron violentamente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador y asesinaron a seis jesuitas y a dos mujeres: Elba Ramos, trabajadora doméstica, y su hija Celina, de 15 años. El asesinato produjo una conmoción mundial por la irracionalidad del atentado y la responsabilidad directa del Ejército, así como por la significación social y cultural de las personas asesinadas, científicos sociales (sociólogos, psicólogos, politólogos) que analizaban críticamente la realidad salvadoreña desde el lugar social de los empobrecidos y defensores de los derechos humanos, especialmente de aquellos a quienes se les negaban sistemáticamente.

Fungían como educadores populares que ayudaban a despertar la conciencia crítica en la ciudadanía y a organizarse socialmente. Eran teólogos de la liberación que ofrecían una interpretación del mensaje cristiano al servicio de las mayorías populares y profesores universitarios que formaban a los estudiantes en la participación activa orientada a la transformación de las estructuras políticas, sociales y económicas injustas.

No fueron los primeros religiosos asesinados en El Salvador. Hubo otros muchos antes que ellos, entre los que cabe recordar al jesuita Rutilio Grande, monseñor Romero, arzobispo de San Salvador RomeroSan Salvador, cuatro religiosas norteamericanas, numerosos líderes de comunidades cristianas, pastoras y pastores evangélicos, catequistas, etcétera. El Salvador se convertía así en uno de los países con mayor número de religiosos asesinados por el Ejército y los escuadrones de la muerte de todo el mundo. Eso sucedía en un país de mayoría católica y con un Gobierno católico. ¡Qué contradicción e incoherencia!

La utopía de un mundo más justo

¿Por qué los mataron? No por odio a la fe, ni porque fueran revolucionarios alzados en armas contra el Gobierno, ni por haber abandonado su actividad religiosa y haberse convertido en líderes políticos, sino porque fueron conciencia crítica de los poderes militares, políticos, económicos y de la Administración norteamericana, que contribuía con ayuda militar y un ingente apoyo económico a la represión popular.

Ellos desenmascararon las mentiras del sistema, elaboraron un relato alternativo sobre la realidad salvadoreña y practicaron la denuncia profética. Construyeron puentes de diálogo entre el FMLN y el Gobierno, que el Ejército dinamitó. Defendieron la vida de las mayorías populares, amenazada a diario por la represión y, con su ejemplaridad de vida, anticiparon la utopía de un mundo más justo, sin violencia ni opresión.

El Vaticano no los defendió de las agresiones de que fueron objeto, ni de la falsas imágenes que se construyeron sobre ellos. Todo lo contrario: llegó a acusarlos de haber renunciado a su misión religiosa y de haber adoptado la ideología marxista. Los dejó solos ante el peligro. Al final su asesinato fue la crónica de una muerte anunciada.

Treinta años después de aquella fatídica madrugada del 16 de noviembre de 1989 es necesario hacer justicia conforme a la gravedad del delito, hacer memoria de las dos mujeres y los seis jesuitas asesinados, rehabilitarlos en su dignidad, reconocer su ejemplaridad y considerarlos símbolo del cristianismo liberador, que sigue iluminando hoy el camino hacia otro mundo posible.