La espiral identitaria

Dejo para los demoscópicos el estudio de los datos electorales. Me centraré en el análisis de la espiral identitaria, del discurso de odio recíproco, que ha catapultado a Vox. El eje ideológico -el de las propuestas programáticas- se ha visto eclipsado por el eje identitario, por la subasta entre los dos nacionalismos en escena -el catalán y el español-, con los ciudadanos, de un lado y de otro, también los de en medio, como rehenes emocionales de esta puja seudopatriótica.

La responsabilidad del soberanismo catalán es mayúscula. Hagamos memoria. En el plano teórico, no solo abdicó del catalanismo político mayoritario -la defensa del autogobierno y de la pluralidad española-, sino que quebró el consentimiento social que se habría fraguado en la Transición y que el 'president' Tarradellas resumió en la fórmula: “¡Ciudadanos de Catalunya!”. El derecho a decidir situó en el frontispicio de la política catalana la democracia ritual, acabó con la democracia deliberativa y banalizó la secesión, es decir, el divorcio político por el que se declara extranjeros a una parte de nuestros conciudadanos.

El derecho a no tener que decidir

El catalanismo era inseparable del intervencionismo hispánico. “Los catalanes -dijo recientemente en Barcelona el ensayista Michael Ignatieff- tienen derecho a no tener que decidir. Nadie puede obligarles a elegir entre papá y mamá, entre un Estado y otro, entre una identidad y otra, porque la mayoría de los humanos tenemos varias identidades. La política no debe forzarnos a escoger entre una de ellas, sino evitarnos decisiones existenciales y dolorosas”.

Miquel Iceta me resumió en su día la quiebra que el 'procés' produjo en su partido: “El PSC nació para que no tuviéramos que decidir”. El camino escogido fue el de fractura -consulta del 9-N, elecciones plebiscitarias, referéndum del 1-O- y abocaba a un país empatado consigo mismo. Una suma de democracia ritual y dual que conducía a un callejón sin salida: una mitad de la ciudadanía muy contenta y la otra mitad muy enfadada. Era obligación de los políticos poner sobre la mesa una propuesta consensual que pudiera dar como resultado que una amplia mayoría de ciudadanos estuviera moderadamente satisfecha.

Y, en el plano práctico, la hoja de ruta del 'procés' no solo se escribió desde la unilateralidad sino que quebró la propia legalidad catalana: una ley de referéndum de autodeterminación, que regulaba el régimen electoral, y que no contó con la mayoría de dos tercios que exige el Estatut para este cometido, y una ley de transitoriedad jurídica, que tampoco tuvo esta mayoría cualificada que prevé el Estatut para su reforma. Ni el 1-O ni la posterior declaración de independencia se ajustaron a las reglas de juego; ni a las españolas ni a las catalanas.

La reafirmación de la vía unilateral -“Ho tornarem a fer!” y el doble lenguaje de Quim Torra frente a los episodios de violencia han alimentado al nacionalismo español: al PP -responsable de la quiebra del consentimiento constitucional que produjo en Catalunya el recurso contra el Estatut- y, sobre todo, a Vox, la facción de extrema derecha que históricamente tenía incorporada a su electorado y que ahora se ha emancipado. Por el camino, con el concurso de Ciudadanos, se había blanqueado a Vox en la política de pactos autonómicos y municipales.

Recuperar los valores democráticos

Paradójicamente, el principal damnificado de la subasta identitaria ha sido Albert RiveraAlbert Rivera, el subastero mayor, que nació en Catalunya y creció en España de la mano del anticatalanismo. Después, en la fallida investidura de Pedro Sánchez, echó por la borda la tradición de partido bisagra que caracteriza a sus socios liberales europeos, desempolvó un discurso antipartidos de corte joseantoniano -“ni rojos ni azules”- y arremetió contra la “banda de Sánchez”: comunistas, independentistas, batasunos... Santiago Abascal -siempre es mejor el guión original que la copia- recoge ahora sus frutos.

Y aquí estamos: atrapados en la espiral identitaria. La primera obligación del PSOE y el PP -los partidos que se reclaman herederos de la Constitución de 1978- es rescatar a los ciudadanos, también a los catalanes, del discurso de odio. Hay que recuperar los valores democráticos, con el pacto de ciudadanía -los derechos y deberes compartidos- como bandera y una dosis de laicidad nacional: dejar de regular y de enfrentar identidades. Sus señorías deberían seguir aquella invitación de François Mitterrand en su discurso de despedida del Parlamento Europeo: “Lo que les pido es casi imposible, ya que hay que vencer nuestra propia historia; si no la vencemos, una regla se impondrá: ¡el nacionalismo es la guerra!”.