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Acuerdo del INE y las operadoras

Garantías y transparencia en el 'big data' público

MARÍA TITOS

Garantías y transparencia en el 'big data' público

Lourdes Muñoz Santamaria

Es fundamental que las administraciones usen las tecnologías de tratamiento masivo de datos. Si no, solo lo harán las grandes corporaciones privadas

Estos días me ha sorprendido que en algunas redes se hiciera una llamada a dejar el móvil en casa o apagado durante 10 días porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) va a usar los datos de las operadoras para estudiar la movilidad. Por tanto, ¿no nos importa que un operador use nuestros datos y sí que la Administración Pública los use para estudiar mejor la movilidad? 

Es necesario incorporar las tecnologías más avanzadas a los estudios sociológicos públicos. De hecho, este estudio piloto de movilidad se enmarca en un proyecto de renovación de los organismos estadísticos europeos orientado a ‘menos muestreo, más ‘big data’.

El conocimiento sobre las técnicas más avanzadas de tratamiento masivo de datos (‘big data’, inteligencia artificial...) no debe estar únicamente en manos privadas. No se trata de frenar el avance del uso de estas tecnologías por parte de las empresas que aportan innovación, sino que las administraciones incorporen las tecnologías ‘data’ para aplicar programas de forma más eficaz - ‘smart Administration’ o ‘data driven Government’- . No resulta lógico que las grandes corporaciones jueguen en la liga de las tecnologías más avanzadas del siglo XXI y las administraciones solo incorporen las opciones más básicas de las TIC como es la ‘e-administración’. 

Además resulta estratégico que las instituciones incorporen el conocimiento sobre el uso de estas tecnologías. ¿Cómo puedes proponer reglas de juego sin conocer el funcionamiento de una tecnología?

Un problema de alarma social más que legal

El enfoque mediático de “el Estado va a rastrear a toda la población durante 10 días”, equiparándolo al control que se realiza en países como China, ha provocado cierta alarma social. Además, el INE no va a rastrear los movimientos de las personas -las operadoras rastrean todos nuestros movimientos a través de nuestros teléfonos móviles todos los días- sino que se va a proporcionar datos de los movimientos entre zonas, no los movimientos de cada persona. En consecuencia, se trata más de un problema de alarma social que legal, ya que no se ceden los datos de los movimientos de cada persona.

La novedad no está en que se rastree nuestros movimientos con los móviles, sino que se anuncia dos semanas antes que se usarán esos datos. Este debate nos ha hecho conscientes de los rastreos de nuestros movimientos y que las operadoras comercian de forma habitual con estos, de hecho se trata de una de sus líneas de negocio prioritarias durante los últimos años.

Falta de mecanismos de control

Esta polémica ha servido para mostrar la falta de mecanismos de control y auditoría ciudadana. ¿Qué mecanismos sociales y legales tenemos para poder comprobar que las organizaciones utilizan nuestros datos solo dentro de los límites que marcan las leyes?

Me genera cierta inquietud que muchas personas propongan apagar el móvil esos 10 días y rechacen que las instituciones usen sus datos, y no le importan que el resto de 355 días las operadoras los usen sin problema. Si realmente hubiera cesión de datos personales, podríamos solicitar al INE el consentimiento explícito o pedir la exclusión del estudio. Quizá nos sorprenderíamos. No sé aventurar la proporción de personas que rechazarían el uso de los datos con finalidad pública, sin tener ningún problema que se usasen para otros objetivos. 

Yo confío más si son las instituciones públicas quienes aplican técnicas de uso masivo de datos. Aplican criterios garantistas y se orientan al interés general. Pero, sin duda la polémica destila un alto grado de desconfianza en estas.

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La ciudadanía del siglo XXI quiere estar conectada y tener acceso continuo a cualquier tipo de información. Las tecnologías que ofrecen estas oportunidades están modificando nuestro contrato social, porque afecta a la capacidad de acceso y uso de la información y en consecuencia a las estructuras de poder.

Cada vez más la ciudadanía es más consciente y reclama una posición tanto ética como legal sobre uso de datos. ¿Quién puede acceder a mis datos? ¿Para qué se pueden usar los datos de la ciudadanía? ¿De quién son mis datos? Urge definir derechos como: qué información puede ser calificada de secreta por el Estado, hasta dónde llega nuestro derecho a la información, derecho a la privacidad, derecho a la soberanía de nuestros datos, derecho al acceso a información pública y posibilidad de auditoría pública en proceso de datos por parte de las AAPP.

El hecho de que las administraciones usen las tecnologías ‘data’, resulta no solo oportuno, sino fundamental. Si no, solo lo harán las grandes corporaciones privadas. El conocimiento y la aplicación desde el ámbito público deben marcar tendencia respecto a criterios éticos y legales.