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Editorial

Un decreto inoportuno

Una medida que afecta a derechos fundamentales debería haber sido debatida y contrastada públicamente

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El Periódico

Carmen Calvo  vicepresidenta del Gobierno  durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros 

Carmen Calvo  vicepresidenta del Gobierno  durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros  / JOSE LUIS ROCA

El real decreto por el que «se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones» ya ha sido publicado en el BOE. A escasos días de las elecciones, en plena campaña electoral, con carácter de urgencia y sin debate en el Congreso. Cuesta entender que este sea el mejor modo ni el momento más idóneo para tirar adelante una medida que puede limitar los derechos y la libertad de expresión.

Con el decreto, el Gobierno estará autorizado a intervenir redes, servidores y servicios de comunicación electrónicas –es decir, internet–, en caso de que afecten «al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional». Aunque no se menciona específicamente, es evidente que la medida surge como reacción a la anunciada intención del Govern de crear una «nación digital en forma de república», en palabras del ‘conseller’ de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. También para avalar el embargo de páginas webs y aplicaciones como la del Tsunami Democràtic.

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Es plausible que el Gobierno de España cree medidas a favor de su protección y la de sus ciudadanos, pero las urgencias electorales nunca son buenas para tratar temas de calado, menos aún para abordar uno tan complejo y relevante para el futuro como puede ser la seguridad nacional en la red. Son muchas las aristas del tema, y demasiadas las derivas que pueden extraerse del decreto. Tiempo habrá para estudiar el decreto en profundidad. También para interponer recurso de inconstitucionalidad si algún grupo o institución lo considera necesario. Hay caminos legales para ello. Pero, de nuevo, se habrá perdido una oportunidad para la reflexión y se habrá optado por la política de la gesticulación. El Gobierno de Sánchez ha querido transmitir una imagen de firmeza, cosa que ha permitido a la Generalitat elevar las quejas y calificarlo de «155 por la puerta de detrás». Sin duda, un decreto inoportuno que alimenta el desencuentro.