Un decreto inoportuno

El real decreto por el que «se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones» ya ha sido publicado en el BOE. A escasos días de las elecciones, en plena campaña electoral, con carácter de urgencia y sin debate en el Congreso. Cuesta entender que este sea el mejor modo ni el momento más idóneo para tirar adelante una medida que puede limitar los derechos y la libertad de expresión.

Con el decreto, el Gobierno estará autorizado a intervenir redes, servidores y servicios de comunicación electrónicas –es decir, internet–, en caso de que afecten «al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional». Aunque no se menciona específicamente, es evidente que la medida surge como reacción a la anunciada intención del Govern de crear una «nación digital en forma de república», en palabras del ‘conseller’ de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. También para avalar el embargo de páginas webs y aplicaciones como la del Tsunami Democràtic.

Es plausible que el Gobierno de España cree medidas a favor de su protección y la de sus ciudadanos, pero las urgencias electorales nunca son buenas para tratar temas de calado, menos aún para abordar uno tan complejo y relevante para el futuro como puede ser la seguridad nacional en la red. Son muchas las aristas del tema, y demasiadas las derivas que pueden extraerse del decreto. Tiempo habrá para estudiar el decreto en profundidad. También para interponer recurso de inconstitucionalidad si algún grupo o institución lo considera necesario. Hay caminos legales para ello. Pero, de nuevo, se habrá perdido una oportunidad para la reflexión y se habrá optado por la política de la gesticulación. El Gobierno de Sánchez ha querido transmitir una imagen de firmeza, cosa que ha permitido a la Generalitat elevar las quejas y calificarlo de «155 por la puerta de detrás». Sin duda, un decreto inoportuno que alimenta el desencuentro.