MIRADOR
Teorías de la fractura
Lo que está encima de la mesa es la forma como se gestiona el 'post-procés'
Gemma Ubasart
Consellera de Justícia, Drets i Memòria
Gemma Ubasart
En su devenir de significante vacío, Pedro Sánchez ha pasado en unos pocos meses del 'escenario Pedralbes' (en el que se reunieron los dirigentes de los gobiernos catalán y español) a abrazar las teorías de la fractura. En el primer acercamiento, se explicaba la crisis catalana como un problema político al que se debía hacer frente con soluciones políticas derivadas del diálogo, la negociación y el pacto entre actores e instituciones catalanas y españolas.
En el segundo se interpreta el contencioso como una crisis de convivencia entre catalanes: "Primero, arréglense ustedes" sería la fase preferida desde Madrid. La cita electoral del 26-M marca un antes y un después en el posicionamiento, es el momento en el que los socialistas deciden intentar escapar de la correlación de fuerzas de la moción de censura que les situó en la presidencia del país.
La constatación de la existencia de una supuesta fractura social, de la división entre ciudadanía que vive en Catalunya, es útil instrumentalmente para los socialistas en un contexto de campaña electoral permanente. A Pedro Sánchez le permite no mover un dedo para gestionar el conflicto, para desmarañar la ya doble dimensión del malestar (la judicialización del conflicto y la crisis del modelo autonómico).
A Miquel Iceta le posibilita la construcción de un eje orden-desorden (ya no más derecha-izquierda) para algún día alcanzar la presidencia de la Generalitat con apoyos varios. Las teorías de la fractura causan furor más allá de la clase política y han permeabilizado en destacados círculos mediáticos e intelectuales.
Según mi opinión, estas teorías parten de un diagnóstico equivocado. En estos momentos no estamos en el marco de la DUI. Si alguna vez esta división social pudo llegar a tener sentido, fue en aquel entonces. La principal equivocación de la vía unilateral independentista fue que esta se implementó contra media Catalunya. No tanto por los objetivos, sino porque se dejó atrás a una parte muy importante del país cambiando las reglas de juego con exiguas mayorías parlamentarias. Hubo desapego institucional. La misma expresidenta del Parlament Carme Forcadell en una entrevista recienteCarme Forcadell que le hizo Mònica Terribas argumentaba en esta línea. Ahora bien, después del 27-O del 2017 no se avanza más en este sentido y, por lo tanto, la posibilidad de fractura queda desactivada.
Hoy el 'procés' ya ha terminado. Y no porque los problemas de fondo se hayan solucionado, sino porque se ha cambiado de pantalla: nuevas prioridades y alianzas. En estos momentos, la cuestión no es independencia sí o no. Lo que está encima de la mesa es la forma como se gestiona el 'post-procés' (a modo de revancha o yendo a la base del contencioso). La sentencia que impone 100 años de prisión a dirigentes políticos y sociales supone una deriva i-liberal, un retroceso en derechos y libertades.
Esta sentencia fue recibida con malestar, indignación y tristeza por amplias mayorías ciudadanas en Catalunya, más allá del independentismo y del propio soberanismo. Así pues, no estamos ya frente una disputa identitaria o entre comunidades como podía haber llegado a ser hace dos años. Se trata de una batalla garantista. Una disputa dirigida hacia el Estado (en ningún caso entre iguales).
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