La robotización y el futuro de las pensiones

Es evidente que la tecnología ofrece muchas ventajas y nos hace la vida más fácil, pero también tiene efectos no deseados. Además de la llamada brecha digital, que ha creado una nueva división de la sociedad, uno de los problemas de los avances tecnológicos es la destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de la robotización. Este hecho es todavía más preocupante en contextos de paro elevado, como en España, puesto que la incorporación de robots es percibida muy negativamente por parte de los trabajadores.

La pérdida de ocupación provoca, además, la reducción de los ingresos públicos, principalmente las cotizaciones a la Seguridad Social y los rendimientos del trabajo en el impuesto sobre la renta de las personas que se quedan en el paro. Lógicamente, esta caída de la recaudación tiene un efecto directo negativo en el sostenimiento del gasto público y, especialmente, de las pensiones, puesto que dependen fundamentalmente de los pagos que hacen empresas y personas a partir de su trabajo.

Sin embargo, los cambios tecnológicos también implican importantes inversiones en investigación y desarrollo que permiten generar nuevos puestos de trabajo, los cuales suelen ser mejor cualificados y remunerados que aquellos que terminan siendo sustituidos por robots. En todo caso, se trata de una revolución tecnológica imparable que obliga a hacer reformas en múltiples ámbitos, también en el de la fiscalidad.

El primer obstáculo de los fiscalistas es definir el concepto de robot susceptible de ser gravado por algún impuesto, ya que no toda mecanización o automatización puede ser vista como tal. ¿Una máquina de 'vending' tiene que

tributar más porque sustituye a varios comerciales? ¿Y un robot aspirador por el hecho de realizar el trabajo del personal de limpieza? Parece que existe consenso en considerar que tendrían que ser los robots dotados de inteligencia artificial los sujetos a tributación, los cuales pueden tomar decisiones de forma completamente autónoma sin necesitar la intervención de ningún humano.

Entre otras medidas, se propone que los robots coticen; que las empresas con beneficios extraordinarios fruto del cambio de trabajadores humanos por tecnológicos estén sujetas a una mayor imposición, o que los ciudadanos

puedan ser copropietarios de los robots y tributen por los rendimientos que obtengan por dicha posesión. No obstante, todas estas propuestas arrojan más interrogantes que soluciones, de modo que la rapidez y magnitud de los

cambios tecnológicos superan nuestro marco jurídico.

Ahora bien, si queremos mantener el anhelado estado del bienestar, no podemos posponer más el reparto de las cargas tributarias entre los nuevos actores económicos, ni tampoco el establecimiento de nuevos impuestos que

nos permitan mantener los servicios públicos y las pensiones. Se trata de decisiones apremiantes que no podemos dejar en manos de los robots... ¿o sí?