La política tributaria

Solvencia del sistema fiscal y sostenibilidad del Estado del bienestar

Sin un esfuerzo de rediseño tributario, nuestra protección social no podrá afrontar las necesidades del bienestar de la población

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Guillem López Casasnovas

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La sostenibilidad es un concepto eminentemente político. Depende de la financiación que la sociedad esté dispuesta a dedicarle. Es opinable la presión fiscal que una economía puede soportar. Depende de muchas cosas. También del retorno de los servicios públicos -sus efectos en la creación de renta y riqueza, y así de nuevas bases imponibles-, el contexto internacional en el que la economía compita, el peso de la fiscalidad en el escandallo de costes y la orientación productiva que tiene la economía (los servicios lo soportan mejor que los bienes comercializables).

Más interesante es la 'solvencia' de un sistema fiscal, en el sentido de los resortes con los que cuenta la intervención pública para hacer frente a retos económicos y sociales cambiantes. Solventar problemas requiere una mirada amplia: conocer bien la incidencia fiscal y el grado de capitalización de cada actuación financiera o real, mantener una perspectiva de equilibrio general de la economía por las interdependencias que provoca, de un presupuesto equilibrado a las finanzas públicas -ya que nada es a cambio de nada-, a lo largo del ciclo vital 'inter' e 'intra' generacionalmente de los individuos...

La vía de los impuestos o las tasas

Solventar retos fiscales como el de la sostenibilidad del Estado del bienestar requiere poner el radar en qué parte de las prestaciones se devenga desde la financiación contributiva y en qué de la no contributiva, en la financiación que tiene lógica que vaya a cargo del contribuyente o del usuario. Requiere el conocimiento de la técnica fiscal de actuaciones por la vía de los impuestos o las tasas; de las deducciones fiscales o de los gastos equivalentes; de la financiación ordinaria o extraordinaria. Y finalmente, si la opción de respuesta solvente es la impositiva, no ignorar el exceso de gravamen (la distorsión sobre la eficiencia económica) ligada a cada categoría impositiva, ni el efecto sobre la equidad. De ahí la importancia de valorar los aspectos de bienestar de la imposición cuando se habla del bienestar derivable de nuevo gasto social.

Un aspecto nada despreciable de la nueva fiscalidad solvente para el sostenimiento del Estado de bienestar debe tener base medioambiental y contemplar los aspectos que afectan a los estilos de vida. Y esto no tanto por su capacidad recaudatoria como por su carácter de doble dividendo: de recaudación a cargo del usuario si la demanda se mantiene, o sin generación de ingresos pero ahorrando gasto y mejorando bienestar si cede. Hay que repensar la fiscalidad de todos aquellos patrimonios empresariales no afectados a la actividad societaria. El diferente tratamiento que reciben debido a que gravar beneficios permite encajar deducciones, frente al gravamen de los ingresos de las personas físicas que recoge con dificultad los beneficios en especie que se derivan de la utilización de parte de aquel patrimonio societario, es fuente de inequidades. El impuesto serviría para dinamizar la economía, desincentivando el amansamiento de beneficios y grabando 'en origen' aquel patrimonio no afecto a la actividad empresarial.

El impuesto de sucesiones tiene un papel indiscutible, incluso desde posiciones liberales, en toda sociedad que se quiera más justa y meritocrática. Debe gravar incrementos de capacidad económica por renta no ganada. Eximir el primer parentesco puede no ser así suficiente. Hay que sacar deducciones y exenciones supuestamente reparadoras de arbitrariedades que permiten la elusión fiscal que hacen que pague el impuesto quien no debería, ofreciendo un gran argumento a los abolicionistas.

Tópicos sobre fiscalidad y Estado del bienestar

Escribo esto cansado de oír tópicos sobre fiscalidad y Estado del bienestar y con el peligro de unas nuevas elecciones que todo lo agraven, a la hora de ver quién la dice más gorda. Propuestas sociales que no concretan cómo se financiarán, bajadas de impuestos sin especificar qué gasto y para quién se reducirá, dar por hecho que todo gasto social financiado con impuestos es progresiva fiscalmente. También aburre escuchar que hay que aumentar la presión fiscal, pero la de los demás, aceptar políticas de gastar primero y ya veremos después cómo lo vamos a pagar, desde el 'mantra' de reducir el fraude fiscal -como si esto fuera una opción y no una obligación-, que querrá decir al final que va a cargo del déficit y deuda, aunque implicando a generaciones futuras. O a suponer que siempre un pago de contribuyente es mejor que la contribución del usuario.

En definitiva, sin hacer un esfuerzo de rediseño tributario, nuestra protección social no podrá hacer frente de manera solvente a las necesidades del bienestar de la gente.