El momento de decir '¡basta!'

La gigantesca manifestación constitucionalista del 8 de octubre del 2017 evidenció que los otros catalanes no pensaban quedarse inmóviles, pasivos, si el Govern de Carles Puigdemont intentaba llevar a cabo la secesión. El entonces 'president' reconoció en el Parlament que la paz civil estaba en peligro y suspendió una declaración de independencia que flotó en el aire durante 8 segundos. Nunca sabremos lo cerca que estuvimos del enfrentamiento social en aquel momento. La expresidenta de la cámara, Carme Forcadell, ha reconocido recientemente que durante el procés “no tuvimos empatía con la gente que no es independentista y que quizá se sintió tratada de manera injusta”. Lástima que haya tenido que ir a la cárcel para llegar a esa conclusión.

Por desgracia, Quim Torra y Pere Aragonès siguen ignorando a la mitad de los catalanes. Los detractores de la sentencia se han creído con el derecho a interrumpir la vida ciudadana y dañar la actividad económica. Sin ningún permiso han ocupado calles y plazas, cortado carreteras y vías de tren, tomado el aeropuerto, interrumpido las clases en institutos y universidades, etcétera. Todo ello con la connivencia del poder autonómico, alentados por el Govern y los partidos independentistas. Y en el mundo educativo, por ejemplo, con la complicidad de unos responsables académicos que forman parte del cártel nacionalista que ocupa casi todas las instituciones en Catalunya como resultado del plan que en su día diseñó el pujolismo para controlar a la sociedad civil. Mención aparte merece la violencia desatada en las principales ciudades catalanas a cargo de unos jóvenes que han sido educados en el odio a España, y la forma tan vergonzosa como muchos dirigentes soberanistas, incluidos los comunes, la han justificado o perdonado. En lugar de apoyar a Mossos y Policía Nacional, han cuestionado su labor, encarnizándose sobre posibles errores, cuando la actuación de las fuerzas de seguridad se ha caracterizado por la tolerancia hacia unas protestas claramente ilegales.

La manifestación de Societat Civil Catalana, apoyada por otras muchas entidades y los partidos constitucionalistas, ha sido un grito de indignación y hartazgo ante el menoscabo por los derechos de todos y el desprecio hacia el Estado de derecho que sufrimos desde que empezó el procés. Porque si en algún lugar de España la democracia liberal está en peligro es en Catalunya. A pocas semanas de una cita electoral más incierta de lo que inicialmente parecía, la convocatoria tenía muchos riesgos. Para SCC era un reto volver a agrupar sensibilidades políticas tan dispares, más aún tras haber vivido diversas crisis internas y algunos desencuentros con los partidos. En verano algunos dirigentes de PP y Cs la acusaron injustamente de estar al servicio de los socialistas. Pero la gravedad del momento ha vencido esas tonterías o la incomodidad del PSC y PSOE de manifestarse con la derecha a las puertas del 10-N. Había que decir '¡basta!' y SCC ha vuelto a ser el aglutinante transversal y suprapartidista. El constitucionalismo ha vuelto a ganar este domingo la batalla de la calle.