Una regulación del gas que no ayuda a la transición energética

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el pasado junio que los dos grandes retos para avanzar en la transición energética son: la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire, dos desafíos clave para la sostenibilidad del planeta.

Evidentemente, para lograr afrontarlos, es necesario mejorar nuestro modelo energético hacia una producción de energía baja en carbono. Esta transición energética, que ya está en marcha y es imparable, tendrá éxito en la medida que se consiga emitir menos CO2 y otros gases de efecto invernadero como resultado de un sistema energético más sostenible.

Pocas semanas después, la CNMC hacia públicas las circulares por las que, en el próximo periodo regulatorio, del 2021 al 2026 en el caso del gas, la retribución de la distribución de este combustible quedará fijada en 1.420 millones de euros anuales -un 17,8% menor al actual-; mientras que para el transporte de gas y regasificación se situará en 1.186 millones de euros -un 21,8% menos-. 

Esta propuesta regulatoria, de seguir adelante, supondrá irreparables daños en el empleo -100.000 trabajadores según los sindicatos – también para las empresas gasistas y para la inversión extranjera en España. Además, se trata de una actuación contraproducente con respecto a los esfuerzos por conseguir un proceso de transición energética justo y ordenado.

Y sobre esta transición energética hacia un modelo más limpio y sostenible, los expertos europeos aseguran que es un proceso imparable que debe garantizar, además, la seguridad del suministro energético a todos sus usuarios. Incluso la futura comisaria europea de energía, Kadri Simson, ha señalado este mes que la utilización de gas renovable en las infraestructuras gasistas existentes, combinada con electricidad renovable, reducirá drásticamente el coste de la transición energética. 

Si nos fijamos en los datos: el empleo de este combustible contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta niveles casi nulos para mediados de siglo y supondría un ahorro anual de 140.000 millones de euros en Europa con respecto a utilizar otras vías de generación energética. 

Además de tener en cuenta estas recomendaciones, debemos fijarnos en la decisión de la canciller de Alemania, Angela Merkel, de destinar 54.000 millones de euros de aquí al año 2023 en energía, transporte, construcción, e innovación y desarrollo con el objetivo de conseguir que Alemania reduzca en un 55% las emisiones contaminantes en el 2030 respecto a los niveles de 1990. Esta medida pone de manifiesto la orientación europea de priorizar la lucha contra el cambio climático, por lo que España no puede rezagarse.

Así pues, las circulares de la CNMC deberían considerar este entorno para contribuir a una transición energética que beneficie a todos, tomando en consideración la estabilidad de un sector que ha realizado fuertes inversiones, creado un elevado número de puestos de trabajo y asegurado un servicio de alta calidad a millones de usuarios. 

El organismo regulador ha apostado por redactar unas circulares que conllevan un alto grado de inseguridad jurídica por el lado de las empresas reguladas y poco, o nulo, beneficio del lado de los consumidores.  La incidencia de la aplicación de la nueva metodología propuesta por la CNMC es muy intensa y va a afectar no solo a la inversión, sino también a las decisiones de funcionamiento y operativa de las empresas, lo que impactará de forma considerable a las ratios de solvencia de las mismas. 

Si la CNMC quiere ayudar a abordar los retos dentro de la lucha contra el cambio climático, debe ofrecer mejorar la normativa regulatoria propuesta para conseguir un sistema gasista seguro, eficiente y sostenible que permita que el gas continúe siendo un sector tractor de la economía, beneficiando a todos.