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Editorial

Compromiso por el progreso y la convivencia

Patronales y sindicatos apuestan por el diálogo dentro de la legalidad ante la inacción de la política

firma editorial cast

El Periódico

Los responsbles de Foment y Pimec en el acto de este miércoles.

Los responsbles de Foment y Pimec en el acto de este miércoles.

Durante los años del ‘procés’, los empresarios han sido a menudo criticados por inhibirse y callar ante el desarrollo del pulso independentista y porque, una vez se produjo el choque de trenes en el otoño del 2017, su  reacción fue trasladar la sede de muchas empresas fuera de la comunidad. Ahora, ante el agravamiento de la situación como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo (TS), empresarios, sindicatos y organizaciones sociales han decidido comprometerse y han hecho un llamamiento sin ambigüedades por la estabilidad, la convivencia y el diálogo dentro de la legalidad. El sábado fue un documento suscrito por las patronales Foment y Pimec y por los sindicatos CCOO y UGT, y este miércoles estas dos organizaciones empresariales –las más importantes de Catalunya, que agrupan a 600.000 empresas con 2,5 millones de trabajadores– celebraron un acto conjunto para dar a conocer el manifiesto titulado 'A favor del progreso de Catalunya'.

Se trata de iniciativas dignas de elogio no solo por su contenido, sino porque suponen una síntesis de posiciones diversas y demuestran que las discrepancias se pueden superar si hay voluntad de diálogo. Foment y Pimec aciertan al señalar que la «salida al grave conflicto de fondo que estamos viviendo en Catalunya es política» y «pasa por la negociación, la transacción y el acuerdo, única vía democrática para resolver los conflictos». Dado que, a su juicio, encabezar la solución «corresponde a la clase política y no a la Justicia», instan a los gobiernos español y catalán a «recuperar la relación institucional perdida y dejar de lado los intereses electoralistas» con el objetivo de llegar a acuerdos y tomar decisiones. Los empresarios recuerdan que «la actividad económica necesita seguridad jurídica y movilidad garantizada», las razones, aunque no lo mencionan, por las que las empresas trasladaron sus sedes fuera de Catalunya, al entender que no estaban aseguradas. El texto no habla de los políticos condenados por el Supremo, que, sin embargo, sí fueron recordados por el presidente de Pimec.

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El manifiesto hace también una contundente y oportuna condena «sin paliativos» de la violencia callejera y aboga por el mantenimiento de la paz social. Este punto fue el motivo por el que el presidente de la Cambra, Joan Canadell, discrepó del manifiesto, ya que no mencionaba de forma explícita la violencia policial. Canadell se alineó así con la posición de los sectores más radicales del independentismo, como quedó reflejado en el pleno del Parlament, en el que Quim Torra suscribió las posiciones de la CUP al exigir responsabilidades por la actuación de los Mossos d’Esquadra, mientras la oposición tenía que defender a la policía autonómica junto al ‘conseller’ de Interior, Miquel Buch, cuestionado por el ‘president’ y por el portavoz de su propio grupo parlamentario. Fue una nueva ocasión para comprobar cómo en Catalunya la política se ha vuelto del revés (la oposición apoya al ‘conseller’ al que  desacredita su propio ‘president’) y para lamentar que, pese a las buenas intenciones de patronales y sindicatos, los políticos no reconocen ni enmiendan sus errores.