Ir a contenido

La exhumación del dictador

La gran cruz del Valle de los Caídos.

JOSÉ LUIS ROCA

Cuelgamuros: y después de Franco, ¿qué?

Xavier Casals

Afrontamos un reto arduo: saber si un conjunto arquitectónico franquista puede convertirse en un espacio democrático

El traslado de los restos de Franco al cementerio de El Pardo es el primer paso para que el Valle de los Caídos, según afirmó el PSOE en febrero del 2018, “se reconvierta en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática, y de […] reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y la dictadura”. ¿Es posible cambiar el simbolismo franquista del recinto en tal sentido? Consideramos que tal propósito no es fácil por tres razones.

Entretodos

Publica una carta del lector

Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web

¿Tendrá apoyo suficiente el cambio del Valle de los Caídos? Materializar tal proyecto requiere un consenso político amplio, algo que hoy es muy complicado. El PSOE ha hecho bandera de las “políticas de la memoria”: en el 2007 José Luis Rodríguez Zapatero promovió la ley de memoria histórica, y en el 2018 Pedro Sánchez dio al tema nuevo brío al decidir exhumar a Franco. Pero la citada norma tuvo la oposición del PP y –por razones distintas- de ERC, sumando 185 votos a favor y 135 en contra. Entonces los populares apoyaron despolitizar el Valle de los Caídos, pero no la ley, lo que se tradujo en su falta de presupuesto durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Y en agosto del 2018, PP y Ciudadanos se abstuvieron en la decisión de exhumar a Franco porque el Gobierno lo hizo con un decreto ley (lo que supone "extraordinaria y urgente necesidad"). Igualmente, Pablo Casado ha afirmado que no gastaría "ni un euro" en tal iniciativa. Tal panorama indica que crear el mencionado centro de interpretación en Cuelgamuros puede tener un desarrollo errático según el Gobierno de turno.  

Guerra civil e identidad política

¿El recuerdo de la guerra civil dificultará el proyecto? La exhumación de los restos de Franco ha evidenciado que la vigorosa “memoria republicana” de la contienda coexiste con otra de los vencedores también robusta. Así, el recuerdo de la guerra civil goza de una 'mala salud de hierro'. Según una encuesta de El Mundo del 21 de octubre, un 18% de ciudadanos son indiferentes a exhumar al dictador, un 42,8% son favorables y un 35,6% contrarios, identificándose estos últimos con votantes de la derecha: Vox (81%), PP (77%) y Cs (48%). Y es que la contienda concluida en 1939 conforma actualmente un elemento potente de identidad política. Lo ilustró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al aludir a una hipotética quema de iglesias “como en el 36” tras el traslado del cuerpo de Franco. De hecho, la oposición de la familia del dictador a esta decisión ha situado su figura en el debate público durante año y medio. En este marco sorprende que el CIS no haga preguntas sobre Franco desde el 2008, pues ignoramos si influye su legado. Esta cultura política guerracivilista revela la dificultad de hacer de Cuelgamuros un “lugar de memoria” acorde con una relativa pluralidad ideológica.

¿Es la mejor solución para el futuro de Cuelgamuros? A estos problemas se añaden los que ofrece el propio Valle de los Caídos, empezando por la necesidad de apartar del altar mayor la tumba del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y continuando con el relevo del prior benedictino Santiago Cantera, dada su beligerante oposición a exhumar a Franco. Con tal fin el Gobierno estaría ya maniobrando para que la archidiócesis de Madrid se hiciera cargo del lugar. El tema económico ocupa otro importante capítulo, pues mantener el recinto requiere 1.836.325 euros anuales, que incluyen los 340.000 que reciben sus monjes benedictinos (según datos del 2017). Quizá los ingresos del turismo paliarán este problema, dado que la polémica que creó el traslado del dictador disparó las visitas, que pasaron de 283.277 en 2017 a 378.875 en 2018. Ese año aportaron 1,89 millones de euros a Patrimonio Nacional, que regenta el monumento. Sin embargo, en el 2011 se estimó que rehabilitarlo requiere una inyección de 13 millones de euros.

A estas cuestiones económicas enjundiosas se suman otras de más difícil manejo relativas a los 33.833 difuntos allí enterrados, la identidad de más de un tercio de los cuales se ignora (12.410). ¿Accederán sus familiares a mantener allí sus restos? Planteamos esta pregunta porque si hoy son familiares de republicanos quienes desean retirar sus cuerpos del lugar, mañana pueden ser los parientes de franquistas quienes lo reclamen.

En definitiva, asistimos al inicio de una remoción del Valle de los Caídos de final incierto al afrontar un reto arduo: ¿Puede un conjunto arquitectónico franquista convertirse en un espacio democrático? Tal iniciativa puede topar aquí con obstáculos tan enormes como la cruz de 150 metros de altura que preside el lugar.