La visita relámpago de Sánchez

Sánchez, en la Jefatura

La visita a Barcelona de Pedro Sánchez –relámpago, sin anunciar– fue noticia sobre todo por lo que no sucedió: el presidente del Gobierno en funciones pasó unas horas en la ciudad y no se vio con ningún dirigente político catalán, ni el ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, ni la alcaldesa, Ada Colau, con la que sí conversó unos minutos por teléfono. Sánchez visitó a  agentes del orden hospitalizados y vivió de primera mano la tensión que se vive en Catalunya: en el hospital de Sant Pau escuchó cánticos a favor de la libertad de los políticos presos. Se diría que, en pleno ambiente preelectoral y con unas encuestas que coinciden en radiografiar un rearme de la derecha, el objetivo de la visita era visibilizar que Sánchez no considera un interlocutor a Torra. Poco antes de la visita, en una dura carta, Sánchez  instaba al ‘president’ a «condenar la violencia de forma rotunda, amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten y evitar la discordia civil».

Torra, el independentismo y una parte substancial del entorno de los ‘comuns’ instan a Sánchez a reunirse con el ‘president’. Es cierto que el diálogo  político es imprescindible para buscar una salida a la grave crisis catalana, y que esta es mucho más que un asunto de desorden público  y un problema de convivencia entre catalanes, que es como Sánchez la aborda. Pero también es verdad que el célebre «momentum» del que hablaba el independentismo antes de la sentencia del Tribunal Supremo pasaba por generar una situación de tensión que forzara al Gobierno a sentarse en una mesa de negociación con la Generalitat. Ningún Ejecutivo puede aceptar un diálogo de este tipo. En estos momentos no se dan las circunstancias para entablar un diálogo dentro de la legalidad y el marco constitucional, como ha defendido Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Y menos aún si Torra no da el paso de condenar de forma inequívoca la violencia.

El fin de los disturbios es un paso previo e imprescindible para empezar a gestionar la nueva fase política abierta tras la sentencia del TS. Hasta que eso no suceda, el Gobierno no tendrá más remedio que abordar la situación desde el punto de vista del orden público y el independentismo verá cómo sus movilizaciones pacíficas, cívicas y legítimas quedan eclipsadas por la guerrilla urbana. En un contexto de campaña electoral y con un Gobierno en funciones no es el momento para Sánchez de marcar una estrategia negociadora con el objetivo de encauzar el conflicto en términos políticos. Es necesario dejar pasar el 10-N, cuando, además, el electorado catalán se pronunciará sobre lo que está sucediendo.

No cabe llamarse a engaño. Si alguien pensaba que la sentencia del TS no iba a tener influencia en el 10-N, cometió un grave error. Catalunya es el tema principal de la campaña y debe ser uno de los principales asuntos de una legislatura en la que debe hacerse el esfuerzo de encauzar en términos políticos el conflicto. La derecha no necesita a Catalunya para gobernar; el PSOE, en cambio, sí, ya sea por los diputados del PSC, ya sea por posibles pactos poselectorales. Esto explica según qué discursos incendiarios, una tentación en la que no deben caer quienes han hecho bandera de la responsabilidad y la prudencia, más necesarias que nunca.