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Análisis

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, durante su visita a Barcelona, este lunes. 

JON NAZCA/ REUTERS. VIDEO CEDIDO POR EL GOBIERNO

La violencia y el diálogo

José A. Sorolla

Cuando baje la marea de la violencia, habrá que volver a hablar, evidentemente, de todo, y todo incluye, como ha declarado el 'expresident' Montilla, las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, ¿hablar con quién?

Sometido en precampaña electoral a la presión de la derecha, que le pide la aplicación de nuevo del artículo 155 (Ciudadanos) o la ley de Seguridad Nacional y el traslado de los presos fuera de Catalunya (PP), Pedro Sánchez ha optado por negarse a hablar con Quim Torra mientras no condene explícitamente la violencia. No ponerse al teléfono puede ser discutible. Pero no lo es que Torra, presidente de la Generalitat, la mayor autoridad en Catalunya, tiene la obligación de condenar la violencia y se niega a hacerlo. Después de que la portavoz del Govern, Meritxell Budó, saludara y justificara la acción “contundente” del colapso del aeropuerto de El Prat, Torra, en los primeros días de los disturbios, solo se preocupó de  investigar la “proporcionalidad” de los Mossos, abandonó una reunión sobre seguridad para irse a Girona a participar en el corte de la AP-7, salió en la medianoche del miércoles por televisión para desmarcarse, sin condenarlas, de unas actuaciones violentas que atribuyó a “infiltrados” y tampoco fue rotundo en la comparecencia del sábado en la que, arropado por el vicepresidente Pere Aragonés, pidió una reunión con Sánchez y exigió “proporcionalidad” a la Policía Nacional, solo horas después de que Barcelona viviera la noche más violenta en décadas.

En las redes sociales, ese peligro público, se levantan voces que comparan lo incomparable. Si a ETA no se le pidió que condenara la violencia para hablar con ellos, por qué si se le exige a Torra, dicen. ¿Qué sentido tenía exigir a ETA la condena de la violencia si era la que la practicaba? La equiparación recuerda la que hizo Carles Puigdemont cuando se preguntó por qué en Euskadi, con tanto terrorismo, nunca se aplicó el 155. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, calificó la pregunta retórica de Puigdemont de “impertinencia”. Y lo era porque el 155 está destinado a aplicarlo a las autoridades de una comunidad autónoma que se saltan la ley, como sucedió en Catalunya hace dos años, y no a una organización terrorista, a la que se la combate de otra manera. Tampoco se le aplicó al Gobierno vasco porque nunca violó la ley.

Cuando baje la marea de la violencia, habrá que volver a hablar, evidentemente, de todo, y todo incluye, como ha declarado el 'expresident' Montilla, las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, ¿hablar con quién? ¿Con Torra, a quien toda la oposición da ya por amortizado y que solo sigue en Palau porque ERC no se atreve a retirarle el apoyo? El papel de ERC es clave, pero la ambigüedad y los bandazos de sus dirigentes, por temor a ser acusados de “traidores”, solo contribuyen a prolongar el caos en la dirección del movimiento independentista. ERC se viste con el ropaje de la moderación, pero ha sido ahora la primera en criticar a los Mossos, como fue la primera en empujar a Puigdemont a declarar la DUI en lugar de convocar elecciones en octubre del 2017 y la primera en presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos y provocar la repetición de las elecciones el 10-N. Algún día tendrá que decidir si apuesta por buscar una solución o por seguir con la confrontación.