La sentencia no es el final

La sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordada por unanimidad y que condena a los líderes del proceso independentista pesará como una losa sobre la política catalana durante mucho tiempo. El impacto emocional que sienten muchos catalanes, no todos independentistas, y la controversia suscitada por la decisión del Tribunal me mueven a compartir algunas reflexiones.

1. España es una democracia. Aunque haya quien lo discuta, España es una de las 20 democracias plenas según los índices internacionales más acreditados. Esa es también la convicción de los Estados miembros de la Unión Europea y de la ONU. España es un Estado de derecho, en el que rige la separación de poderes según la cual el poder legislativo hace las leyes y el poder judicial sanciona a quienes no las cumplen. La sentencia es la culminación de un juicio que se produjo, precisamente, porque algunos decidieron saltarse la ley. Evidentemente si la política hubiese encauzado lo que era y es un problema fundamentalmente político, esta cuestión no hubiese llegado a los tribunales.

2. Las sentencias deben ser acatadas por discutibles que puedan ser. Esta sentencia, además, es recurrible ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución ampara el derecho a la libre expresión, reunión y manifestación, entre otros. Esos derechos deben ejercerse pacíficamente y desde el respeto a los derechos de los demás. El Estado de derecho se derrumbaría si quien no compartiese el contenido de una ley o de una sentencia no estuviera obligado a cumplirla. Las instituciones políticas tienen un especial deber de respeto a las decisiones judiciales precisamente en atención a la separación de poderes que afortunadamente rige en España.

Consenso para una reforma estatutaria

3. Muchos advertimos de que la vía unilateral e ilegal tomada por los independentistas no solo estaba condenada al fracaso sino que iba a comportar graves consecuencias. Desgraciadamente no se atendieron nuestras advertencias. Si el fracaso de la política y la decisión de algunos de quebrantar la legalidad nos ha llevado a un juicio y a una sentencia, ahora deberíamos intentar que dicha sentencia no nos impida retornar a la política, a un proceso democrático de diálogo, negociación y pacto que pueda abordar los problemas de fondo. Empezando por un diálogo entre catalanes. No me canso de recordar que para promover una reforma estatutaria es necesario construir un consenso que reúna como mínimo a 2/3 de los miembros del Parlament, y hoy no existe un acuerdo que reúna tal mayoría.

4. El diálogo tiene un requisito previo: la plena aceptación de las reglas de juego. Sin una aceptación plena de la legalidad vigente, que incorpora los mecanismos para su modificación a través de las mayorías correspondientes, el diálogo resulta imposible. Si persiste el empecinamiento en la búsqueda de falsos atajos, de vías unilaterales e ilegales por parte del independentismo, el diálogo deviene imposible. ¿Quién o quiénes serán los dirigentes independentistas capaces de decirles la verdad a sus seguidores sobre todo cuanto ha acontecido hasta hoy, capaces de reconocer que la vía unilateral ha fracasado para siempre y que solo desde el diálogo podremos conseguir un acuerdo? Un acuerdo primero, entre los catalanes, y un acuerdo después con el conjunto de los españoles. Un acuerdo que pueda finalmente ser sometido a referéndum.

5. Para llegar al acuerdo hará falta tiempo pero deberíamos precisamente por ello empezar cuanto antes. Debemos crear las condiciones de confianza sobre las que construir el pacto necesario. Y empezar por manifestar el respeto por todas las posiciones. Para algunos el diálogo parece limitarse a que los demás aceptemos el 100% de sus condiciones. Y si no lo hacemos, decirnos que no somos demócratas. No es así como llegaremos a ninguna parte. Nosotros no queremos un referéndum para certificar una división. Lo queremos para certificar un acuerdo. Un acuerdo que no podrá ser el mantenimiento del statu quo, ni tampoco la ruptura con el resto de España. Un acuerdo que implicará un autogobierno más sólido, una mejor financiación y una participación directa en la toma de decisiones por parte del Estado. Un Estado que reconocerá la personalidad nacional de Catalunya y el carácter pluricultural y plurilingüe de España. Si alguien necesita referencias, puede encontrarlas en la Declaración de Granada suscrita por el PSOE en 2013.