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A un nuevo proceso electoral

El presidente, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonés, con el resto del Govern en la ofrenda a Lluís Companys.

Europa Press

La anomalía catalana

Joan Tardà

El Estado debe decidir si dialoga el principio democrático o se resigna a normalizar Catalunya por la fuerza

La propuesta del presidente Pedro Sánchez es primero «ley» y después «diálogo dentro de la ley». Pero ¿de qué ley habla? Porque el origen del conflicto radica en el hecho de que Catalunya no se rige por el Estatut pactado entre el Parlament y las Cortes españolas aprobado en referéndum. En el 2010, el Tribunal Constitucional vulneró el artículo 152.2 de la Constitución que establece que la modificación de un Estatuto plebiscitado por el pueblo debe culminar (previa repetición de todo el procedimiento) con otro referéndum estatutario. En consecuencia, Catalunya sufre una situación antidemocrática porque su máxima ley no es la que refrendararon los catalanes. Fue, pues, el Tribunal Constitucional quien rompió el pacto constitucional de 1978 al imponer la 'castración química de la autonomía', cuyo núcleo es no respetar la voluntad de los catalanes expresada en el referéndum del 2006.

Desafección creciente

El régimen monárquico no ha sido capaz de respetar, pues, su propio marco constitucional y legal en cuanto a la relación con Catalunya. Los mismos autonomistas, como el 'president' Montilla o los nacionalistas catalanes de CiU, ya avisaron de la desafección creciente. Roto el pacto constitucional y estatutario de 1978, la mayoría social de Catalunya volvió a exigir su derecho originario a la autodeterminación, que ya había formado parte del tercer punto de la Assemblea de Catalunya en la lucha contra el franquismo.

El presidente Sánchez utiliza un segundo concepto para hacer más rotunda su consigna: "diálogo entre catalanes", aunque ignorando que poco se le puede reprochar al catalanismo político (desde el PSC al republicanismo, pasando por el nacionalismo) que no haya sido históricamente capaz de encontrar consensos o posiciones mayoritarias. El proyecto de Estatut liderado por Pasqual Maragall fue una clara expresión de ello, de igual manera que la demanda de celebrar un referéndum, negada por parte del Congreso en el 2014,  fue tomada por una amplia mayoría del Parlament.

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Es por ello que, desde el arraigo de este sello pactista en el catalanismo, es necesario un nuevo proceso electoral que permita construir desde el Govern y desde el Parlament nuevas mayorías, amplias, que trabajen para hacer realidad una solución que integre al conjunto de la ciudadanía catalana. En definitiva, que ni los catalanes favorables a la independencia ni los que son contrarios se sientan excluidos para encarar la extraordinaria tarea de superar la vía represiva desatada por el Estado, afrontar el progresivo desmantelamiento del Estado social a través del expolio fiscal que sufre el país y la crisis económica que se cierne, y conquistar un escenario de negociación con el Estado.

¿El Estado español querrá negociar algún día? En los nueve años transcurridos, el régimen monárquico se ha mantenido insensible ante las masivas manifestaciones soberanistas, confiando en que el suflé bajaría solo gracias a los efectos de la «dictadura constitucional» en Catalunya, término elaborado por el catedrático Pedro Cruz Villalón , que fue presidente del Tribunal Constitucional. Preguntado de otra manera: ¿El régimen de la Segunda Restauración Borbónica estará en condiciones de dialogar algún día sin condiciones bajo el principio democrático, una vez roto el pacto constitucional con Catalunya, o bien ha optado definitivamente por normalizar por la fuerza la anomalía catalana?

Todos los demócratas debemos mantener el principio del respeto al otro y proclamar que ninguna violencia es admisible

Adecuar las leyes al principio democrático

El panorama actual, reconozcámoslo, no invita al optimismo por anómalo, y páginas escritas en las historias de España y de Catalunya (que hay que recordar) lo hacen patente. El régimen de la Primera Restauración negó la autonomía en Catalunya y fue necesaria la caída de Alfonso XIII para que el 14 de abril de 1931 se proclamaran la República española y la República catalana, reconvertida en Generalitat de Catalunya, y se alcanzara el Estatut de 1932. Hoy, roto el pacto constitucional de 1978, la mayoría del pueblo catalán exige un referéndum de autodeterminación y todo indica que la Segunda Restauración no tiene voluntad de aceptarlo, como la primera no fue capaz de reconocer la autonomía. Se repite la misma negativa a adecuar las leyes al principio democrático.

El hecho es que la escalada de la «dictadura constitucional» ha provocado el retorno de viejas consignas como la amnistía. No era, ciertamente, lo que habíamos imaginado para nuestros hijos ni para las nuevas generaciones que estos días se incorporan a la protesta contra las condenas del Tribunal Supremo. Esta tensión debe inquietarnos, pero debe comprometer a todos los demócratas a mantener en el frontispicio de la actuación política el respeto al otro y a proclamar, al mismo tiempo, que ninguna violencia es admisible.