Activismo y responsabilidad de gobierno

Más allá de la retórica épica, los socios del Govern (ERC y Junts per Catalunya) y la CUP no encuentran por el momento la forma de articular en al ámbito institucional una respuesta unitaria a las condenas de cárcel a los líderes políticos y sociales del ‘procés’. Reaparecen de nuevo las tensiones ya conocidas en estos años: el eterno pulso político entre los dos rivales en la lucha por la hegemonía dentro del bloque independentista (no hay que olvidar que estamos en precampaña del 10-N) y la presión de la CUP, cómoda en su papel de garante autoerigido de la pureza independentista. A ello cabe añadirle la profusión de corrientes, algunas de ellas contradictorias, en el universo posconvergente y el tutelaje permanente desde Waterloo.

La división del independentismo reapareció ayer tras unas semanas en sordina, a la espera de la sentencia. Mientras el ‘president’ Quim Torra repetía en el homenaje al ‘president’ Companys el mantra del “lo volveremos a hacer” (sin precisar  el quién ni el qué ni el cómo ni el cuándo ni el dónde), en el Parlament se acordaba que el pleno extraordinario que se celebrará el jueves para debatir la reacción a la sentencia no someterá a votación ninguna propuesta de resolución.

De esta forma se pretende evitar que el Parlament vote un texto sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación, como estaban negociando los partidos independentistas. Una resolución de este tipo podría suponer consecuencias penales para la Mesa del Parlament, según advirtió el Tribunal Constitucional (TC).

Esta línea de acción prudente está abanderada por ERC, que no quiere exponer a riesgos penales al presidente del Parlament, Roger Torrent, y contradice la intención anunciada por Torra en el debate de política general de que sea la cámara legislativa la que articule la respuesta institucional al fallo. De nuevo, como en el otoño del 2017, el independentismo se divide entre quienes abogan por la prudencia  y quienes pretenden pisar el acelerador en el choque institucional, pese a que resultan obvias las nefastas consecuencias que conlleva.

Cabe confiar en que de aquí al jueves se imponga el buen juicio y el Parlament (que representa a todos los catalanes, no solo a los independentistas) no transite por un camino que es conocido que no lleva a ningún lado.

La responsabilidad del Parlament y del Govern es intentar rebajar la tensión sin que ello implique que deban renunciar al legítimo derecho a la protesta quienes así lo consideren oportuno.

Las escenas de injustificable violencia por parte de radicales y las cargas policiales de estos días prueban que situación es inflamable. La actitud del Govern es cuando menos contradictoria: dice compartir y anima las movilizaciones (Torra es activo en las redes sociales en este sentido) y al mismo tiempo los Mossos d’Esquadra deben lidiar con las manifestaciones. Es cierto que es responsabilidad del Govern que haya un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el mantenimiento del orden público. Pero otro asunto muy diferente es actuar al mismo tiempo de activista y gobernante. Esto último no procede en tiempos  tan complejos como los actuales.