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Tras la sentencia

Momento emocional (y electoral)

LEONARD BEARD

Momento emocional (y electoral)

Rafael Jorba

Solo la firmeza en la defensa del principio de legalidad y de las reglas de juego puede abrir, en segunda instancia, la puerta de la política y la de las prisiones

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dictado sentencia. Su presidente, Manuel Marchena, recibió una 'patata caliente' de la política -o del déficit de política- y la devuelve ahora a la política en forma de sentencia: “No nos incumbe ofrecer -ni siquiera, sugerir o insinuar- soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas”. Doctores tiene el Derecho Penal para evaluarla. Apuntaré solo tres consideraciones generales: es firme en los tipos, modulada en las penas e individualizada a las conductas que atribuye a los 12 procesados.

En todo caso, se abre un tiempo nuevo: la gestión de la sentencia, pero primero, unos y otros, deberán digerirla. Dicho de otra manera, su gestión política futura dependerá del tiempo de digestión que se inicia ahora: del alcance de la respuesta en Catalunya y de su impacto en las elecciones del 10-N en el conjunto de España. Entramos de lleno en un momento emocional (y electoral). El momento emocional estaba ya anunciado: las fuerzas independentistas habían advertido en sendas resoluciones parlamentarias que la sentencia “solo puede ser de absolución” y habían alertado de “la legitimidad de la desobediencia civil e institucional”.

El alcance de la protesta social

El momento emocional y la campaña impedirán la gestión política de la sentencia, pero es de esperar que no compliquen o, incluso, torpedeen su gestión futura. El alcance de la protesta social se medirá no tanto por el número de ciudadanos que se movilicen como por el cariz que tomen las movilizaciones. Paradójicamente, si el movimiento se alarga en el tiempo y reduce su base de apoyo, el margen de siniestralidad aumentará de forma exponencial, sin que pueda descartarse aquello que los franceses llaman un 'accident de parcours'. Cuidado con los tsunamis: no son democráticos; son devastadores.

Sin embargo, es en el terreno político donde el Gobierno en funciones actuará sin contemplaciones ante el menor amago de “desobediencia institucional” por parte del Parlament, del Govern y de su presidente. El clima electoral, con el PP, Ciudadanos y Vox redoblando la apuesta contra los “golpistas” y la “banda de Sánchez”, no deja margen de maniobra al presidente-candidato. La suma del momento emocional y de la campaña electoral dará como resultado otra escalada en la subasta identitaria que alienta el nacionalismo catalán y el español, con los ciudadanos -de un signo y de otro- como rehenes emocionales de la puja.

Superado el momento emocional (y electoral), llegará el tiempo de la política: la gestión de la sentencia y del contencioso político de fondo. Paradójicamente, solo la firmeza del nuevo Gobierno de turno en España contra la vía unilateral -la que sanciona la sentencia- y la defensa de las reglas del juego de la democracia parlamentaria -la vía del diálogo, la negociación y el pacto en el marco de la ley- pueden abrir, en segunda instancia, la puerta de la política y la de las prisiones.

La flexibilización del régimen penitenciario

Sí, tarde o temprano se contemplará la flexibilización del régimen penitenciario y, en su caso, medidas de gracia, pero estas solo podrán ponerse sobre la mesa si no se ha cedido en el terreno de los principios. Sí, tarde o temprano deberemos escribir, con más éxito que Joan Maragall, otra versión de su 'Ciutat del Perdó', pero el nuevo Gobierno de turno en España solo podrá atender esa petición, indispensable para la normalización política y social en Catalunya, si ha sido inflexible en la defensa del principio de legalidad. Cualquier cesión no sería entendida como un signo de magnanimidad sino justo lo contrario: de debilidad.

La magnanimidad solo puede ser el resultado de la firmeza, pero no de aquella actitud timorata que el federalista quebequés Stéphane Dion llama estrategia del contentamiento: “Los secesionistas no quieren poderes por unidades; quieren un país nuevo. Reciben cada concesión como un paso más hacia la independencia”. Entre los peligros que encierra esta estrategia, Dion señala uno: “El riesgo de perder de vista el interés público como elemento de motivación de las reformas. Ya no se modifican las políticas con el propósito de mejorar la calidad de los servicios públicos, sino con la esperanza de contentar a los secesionistas”.

En resumen, pasado este momento emocional (y electoral) solo la firmeza en la defensa de las reglas de juego puede permitir que la democracia española encauce el problema político de fondo, aproveche el margen de flexibilidad que ofrece el régimen penitenciario y baraje incluso medidas de gracia con aquellos que, como certifica la sentencia, no respetaron en su día esas reglas de juego.