Otra vez la euroorden

Tras haberse dictado la más esperada sentencia del Tribunal Supremo en las últimas décadas, se ha vuelto a activar una orden europea de detención y entrega contra Carles Puigdemont, y previsiblemente se hará lo mismo contra el resto de políticos que se encuentran en el extranjero en países de la Unión Europea, siendo más comprometido si se decidirá proceder a reclamar la extradición de los políticos que están en Suiza, porque el procedimiento es más complejo, jurídica y políticamente.

Hay que destacar, porque es muy llamativo, que se trata del tercer intento. Y que no está de más rememorar la accidentada historia de lo sucedido. La primera vez que se pidió la 'euroorden' de Carles Puigdemont fue en el 2017, pocos días después de que este se sustrajera de la acción de la justicia española. Lo hizo la magistrada Lamela, hoy en el Tribunal Supremo. Sin embargo, en una decisión difícilmente compartible, el magistrado Llarena decidió revocar la solicitud, según se dijo entonces, por temor a que una posible denegación de los jueces belgas perjudicara la autoridad y rigor del proceso seguido contra el resto de políticos, es decir, el que acaba de culminar. De ese modo, mientras se aplicaba la máxima dureza contra los políticos que habían colaborado con la justicia española, se dejaba completamente libre a quien no lo había hecho. El movimiento, más que jurídico, parecía de una partida de ajedrez.

Sin embargo, unos meses después, Llarena vuelve a solicitar la euroorden cuando procesa a todos los políticos investigados. A Carles Puigdemont este nuevo movimiento le sorprende en Finlandia, protagonizando una rocambolesca huida tras la cual es detenido en Alemania, aunque puesto en libertad al cabo de pocos días mientras se examinó la nueva euroorden que se solicita contra él. Los jueces alemanes analizaron la solicitud y desde las primeras de cambio, al cabo de muy pocos días, vieron con mucha claridad que no concurría un delito de rebelión, incluso aceptando por completo el relato, quizá demasiado retórico, que había formulado el magistrado Llarena. Y cuando la justicia española envió más información, mucha información sobre lo sucedido, los jueces alemanes analizaron la documentación con una paciencia infinita y en un tiempo récord para confirmar que no veían rebelión por ninguna parte –igual que, por cierto, el Tribunal Supremo–, y que solo entregaban al reo por malversación, aun expresando sus dudas al respecto. En un nuevo movimiento sin precedentes y de muy dudosa legalidad –un juez no puede decidir libremente no perseguir un delito si lo cree cometido, como era el caso–, el magistrado rehusó la entrega, y varios magistrados del Tribunal Supremo formularon críticas algo impropias contra los jueces alemanes… para que al cabo de unos meses, el propio Tribunal Supremo viniera a confirmar la conclusión más esencial de esos jueces. Toda una paradoja, aunque siempre es de sabios rectificar.

Antecedentes kafkianos

Ahora se ha formulado una nueva euroorden, ya la tercera. Esta vez ante los jueces belgas. Es muy presumible que los kafkianos antecedentes citados no ayuden a su concesión. El mecanismo de la euroorden está fundamentado en la confianza mutua entre los jueces de los estados de la Unión Europea, y en este caso esa confianza ha sido puesta innecesariamente en tela de juicio demasiadas veces. Es de suponer que esta vez se cuidarán mucho los detalles formales que antes ya llevaron a la justicia belga a rechazar –creo que erróneamente– la entrega de los otros políticos residentes en Bélgica. Y si es así, pese a que no ayudan los antecedentes referidos ni tampoco la tremenda dureza de las penas impuestas a los políticos ya condenados, la justicia belga, a priori, lo tendrá muy difícil para rechazar la euroorden. No es lo mismo que la misma se solicite cuando se están investigando preliminarmente los hechos que cuando ya existe una sentencia firme de todo un Tribunal Supremo que confirma la existencia de unos delitos muy graves en los que el político requerido tuvo directa participación. Además, con respecto a la malversación, la entrega puede ser casi automática, puesto que el delito encaja –no sin dudas– en una de las 32 categorías por las que se produce esa entrega con facilidad.

Pero por la sedición, la entrega no es automática. Hay que buscar a los hechos encaje en el código penal belga, y volverán a reproducirse los problemas que ya se vieron con la rebelión en Alemania. Unos hechos que a lo sumo representan desórdenes públicos de baja intensidad, pero que se han sancionado en España con inusitada severidad. El resultado del examen del tribunal, con estos antecedentes, es imprevisible.