Navegando con lobos

Los problemas regulatorios de internet se van confirmando y ampliando. Recientemente Edward Snowden apuntaba que los gobiernos están delegando su autoridad a las grandes plataformas tecnológicas. Si en internet impera la ley del más fuerte, del más rápido o del más astuto, ahora resulta que, además, el pastor (el Estado) ha encargado al lobo (las empresas tecnológicas) que cuide de las ovejas (nosotros).

Más de lo mismo. Los estados ceden sus funciones públicas de control, de prevención y de seguridad al sector privado por diversas razones, principalmente económicas (limitación de recursos), o tecnológicas (incapacidad administrativa para adaptarse al ritmo de las innovaciones). Es así como bajo regímenes de concesión o de autorización administrativa florecen inspecciones técnicas de vehículos, empresas privadas de seguridad que vigilan instalaciones públicas o entidades de acreditación, normalización o certificación técnica que imponen normas técnicas en los mercados. Ahora, además, los estados ceden a las operadoras de internet la autoridad para controlar internet. ¿Por qué razón? En primer 

Muchas de las mayores economías del mundo no son estados sino grandes corporaciones

lugar, porque las tecnologías de control, los repositorios de datos y las redes de comunicaciones son privadas, son de las operadoras. No existe una internet pública. En segundo lugar, porque los estados 'democráticos' operan dentro de unos límites marcados por sus <strong>legislaciones de protección de datos</strong> y les resultaría de muy difícil justificación saltarse sus propias normas. Otra cosa muy distinta es que el autor del desaguisado sea un tercero -una empresa privada- que por sus características -potencial global y poderío tecnológico- no está sujeto ni a controles administrativos ni al escrutinio público que limita a los sujetos políticos. Obsérvese que entre las mayores economías del mundo figuran muchas que no son estados sino grandes corporaciones que no se rigen por el derecho internacional, ni firman tratados internacionales.

A ello podemos añadir (Snowden lo apunta también), que el modelo democrático clásico no es ya suficiente garantía de protección de derechos en la medida en que las élites de los estados y las de las grandes corporaciones de internet coinciden en intereses y en políticas que acaban imponiendo a los ciudadanos. Y cuando no coinciden y se citan en los tribunales no es extraño que una gran compañía venza a un Estado, como recientemente ha sucedido en el Tribunal de Justicia de la UE, que ha dado la razón a <strong>Google</strong> frente al Estado francés en el litigio sobre la aplicación del “derecho al olvido”, con lo que los motores de búsqueda no están obligados a borrar información personal de los usuarios en la lista de resultados de todo el mundo, sino solo en Europa. Es así como la masificación de la tecnología termina generando un 'lumpen proletariado tecnológico' que, con la cesión de sus datos de navegación por las redes, sirve de materia prima para el enriquecimiento de las grandes tecnológicas: para ello es preciso laminar derechos sin que se note el efecto.

El núcleo: el dinero

Si hasta ahora la red era privada, ahora resulta que empieza a ser también 'pública por delegación'. El problema es por tanto que ahora el gobierno de las redes es privado y público a la vez, aunque lo 'público' sea únicamente la naturaleza de los sujetos que controlan y monitorizan por delegación. Continúa sin existir en internet un control 'público' que proteja los 'intereses públicos' en el uso de tecnologías que son enteramente 'privadas'. Esta asimetría privado-público justifica plenamente que la respuesta a la pregunta ¿quién gobierna internet? sea: sujetos privados sin limitación pública. Esto conduce a otras preguntas con respuestas aún más inquietantes: ¿Para qué sirve internet? ¿Cómo es su cadena de valor? ¿Cómo se gana dinero en internet? El núcleo de las respuestas está en el dinero, y la fuente para generarlo son nuestros datos, que nos pertenecen a cada uno de nosotros y que cedemos <strong>ingenua y gratuitamente</strong>.

De aquí que el punto clave para reivindicar un control público del interés público en las redes seamos los usuarios (nuestros datos), que somos el mineral con el que se alimenta la industria de los datos y de internet. Únicamente nosotros podemos poner en cuestión la cadena de valor de este negocio y conseguir una redefinición del papel de lo público y de lo privado en las redes, o, dicho de otro modo, redefinir el papel de la democracia a la luz de internet. Aunque no seamos conscientes, en las redes somos ovejas que estamos navegando con lobos.

Profesor titular de Derecho Administrativo.