'Morrosidad'

Está aumentando la deuda comercial de las comunidades autónomas frente a sus proveedores.

En julio, las facturas pendientes de pago por parte de las autonomías sumaron 4.522,91 millones de euros, el 13% más que el año anterior.

Nada hace temer una situación parecida a la del 2011. Entonces las facturas guardadas en los cajones autonómicos sumaban nada menos que el 3,4% del producto interior bruto y ahora apenas estamos hablando de un montante equivalente al 0,36% del PIB. Además, del total de la deuda comercial pendiente, solo unos 47 millones viene de años anteriores; el resto corresponde a obligaciones generadas este mismo año; sobre todo, en la sanidad (el 71% del total).

Pero la desaceleración en la que está embarcada la economía española obliga a estar vigilantes sobre la lacra de la morosidad en el sector público, para no añadir nuevos pesares a las posibles dificultades que una caída del consumo puede acarrear a las empresas españolas, sobre todo a las de menor tamaño y más baja capacidad de reacción.

El presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antoni Cañete, suele usar la expresión “morrosidad” para referirse a las grandes empresas o administraciones que abusan de su posición de dominio frente a sus pequeños y medianos proveedores para imponerles plazos de pago inasumibles.

En situaciones de dificultades económicas, la “morrosidad” puede llevar tensiones imposibles a las empresas y conducirlas hasta el brete de despidos e incluso cierres, como se vio en la dañina recesión del 2008.

Nadie atisba ahora una crisis de ese calibre.

Pero hay que estar vigilantes. Algunas autonomías atribuyen la tensión en los últimos meses al retraso de Hacienda en hacerles llegar 4.500 millones de sus entregas a cuenta. A partir de noviembre debería quedar resuelto ese problema, tras el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes.

Pero probablemente las tensiones de tesorería de las comunidades tienen mucho más que ver con el aumento del déficit de las autonomías en un año que ha sido electoral para la mayor parte de ellas. 

El objetivo de déficit de las autonomías el del 0,1% para este año. La financiación que les presta el Estado está ajustada a este objetivo. Pero en julio pasado 11 de las 17 autonomías ya superaron ese techo. Los cambios legales del 2012 y el 2013 introdujeron mecanismos para evitar que las administraciones trasladen a los proveedores sus necesidades de financiación y pueden que haya que sacarlos a relucir en el momento coyuntural en que se está adentrando la economía española.