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Editorial

Imserso, buen balance y necesidad de mejora

Turistas del Imserso, en un hotel de Lloret.

Turistas del Imserso, en un hotel de Lloret. / ARCHIVO / DAVID BORRAT / CLICK ART FOTO

Este lunes salen a la venta las plazas turísticas que anualmente subvenciona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Desde 1985, aproximadamente un millón de personas jubiladas gozan de unos días de vacaciones soportadas por el Estado. Se trata de un programa de inversión pública que pretende a la vez hacer mejor la vida de los mayores y alargar unas semanas la temporada de las infraestructuras turísticas, con el impacto positivo que tiene para el empleo y para el PIB. Una abstracción como el Estado del Bienestar toma cuerpo en iniciativas tangibles como esta. El programa presenta un balance netamente posititvo, tanto por la consecución de sus objetivos como por el grado de satisfacción de los usuarios. 

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Pero este año, las plazas salen a la venta algo más tarde de lo habitual por un conjunto de recursos y alegaciones cruzadas en el concurso para la adjudicación de este lote que cuesta a la administración pública algo más de 130 millones de euros, que reciben las agencias y los hoteles que prestan el servicio a los jubilados. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha advertido al Gobierno sobre la necesidad de reformar las condiciones del concurso público para que "no ganen siempre los mismos". También los mismos adjudicatarios se quejan de que no siempre cubren los gastos del servicio que prestan. Por ese lado, alguna cosa se tendría que hacer en esta era de la transparencia en la que el solo hecho de su ausencia ya es motivo suficiente para la sospecha.

Igualmente, parece que no tiene mucho sentido que las ayudas que reciben los pensionistas para practicar estos días de turismo no tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios. Dar las ayudas de manera lineal puede parecer igualitario pero, en realidad, es claramente discriminatorio pues aparca la dimensión redistributiva que deben tener las ayudas públicas. Es una mala práctica que si se erradicara podría, además, permitir que el programa tuviera más beneficiarios, pues no hay que olvidar que el 75% de los solicitantes se quedan sin viajar