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Análisis

El juez del Supremo Manuel Marchena saluda a los Reyes, en la recepción en el Palacio Real,

Efe / Ángel Díaz

Una sentencia que no contentará a nadie

Carmen Juan

Las próximas semanas el ruido será ensordecedor, pero en algún momento se tendrá que dejar de gritar y empezar a hablar

Mientras escribo este artículo los siete jueces del 'procés' están acabando de firmar una sentencia que será histórica, que no gustará a nadie y que ningún momento parecía el adecuado para que se diera a conocer. Al final, nos hemos enterado de que a los líderes del 'procés' los condenan por sedición y no por rebelión, gracias a una filtración en el último momento, qué para mayor chapuza, ha coincidido con la recepción real de la fiesta nacional y con el juez Marchena de corrillo en corrillo, intentando escurrir el bulto.

Llevamos semanas especulando sobre la dureza de la condena del 'procés': ¿será rebelión?, ¿será sedición? Al final se han impuesto la tesis de la Abogacía del Estado que al llegar Pedro Sánchez a la Moncloa decidió acusar por sedición, un cambio de criterio en contra del jefe del departamento penal de la Abogacía, Edmundo Bal, que fue cesado y -lo que son las cosas- acabó siendo diputado por Cs. Espero con interés leer los 500 folios de la sentencia para saber cómo explica que acusados por el delito más grave contra la Constitución acaben siendo condenados por un delito de orden público, cómo se trasladarán esos delitos a la justicia europea en una nueva euroorden contra Puigdemont, qué consideraciones hará la sentencia sobre lo sucedido en Catalunya, teniendo en cuenta los muchos procesos que están abiertos en el TSJC y en la Audiencia Nacional contra la Mesa del Parlament, la cúpula de los Mossos, cargos de la administración, organizadores del 1-O y alcaldes y sobre todo, qué jurisprudencia sentará en un futuro y su efecto sobre el Código Penal.

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La sentencia no contentará a nadie. El independentismo se ponía en lo peor, llegando a altas cotas de victimismo, pronosticando sentencias durísimas a la vez que exigiendo la absolución de sus líderes. El propio Quim Torra ha insistido públicamente y de forma reiterada en su bravuconada de que no acataría la sentencia si no es absolutoria y lleva semanas animando a la sociedad civil a la movilización y a la desobediencia en respuesta a lo que considera la culminación de la acción represiva del Estado contra Catalunya.

Al sector más duro de la derecha española les parecerá insuficiente cualquier condena que no sea por rebelión y a la máxima pena posible y criticarán duramente al Tribunal Supremo por ser unos blandos con los “golpistas” catalanes y una muestra más de la debilidad institucional a la que Sánchez y “su banda” nos han llevado. Ya han empezado a exigir que no haya indultos.

El Gobierno de Sánchez, al que la sentencia le pilla en funciones, está obsesionado con “no echar gasolina al fuego” pero la situación no puede ser más incendiaria cuando el centro político lo ocupan los extremos, marginando a las bandas cualquier intento de moderación. La indignación y dolor por las condenas a los líderes independentistas es legítima. Las próximas semanas el ruido será ensordecedor, pero en algún momento se tendrá que dejar de gritar y empezar a hablar. Cuando acabe la justicia deberá empezar la política.