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Editorial

Franco saldrá al fin del Valle de los Caídos

El Gobierno ha necesitado 16 meses para vencer resistencias y blindar legalmente la exhumación

El Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos / RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS

El Valle de los Caídos cerró sus  puertas este viernes y cuando las vuelva abrir, el día 25, los restos de Franco ya no estarán allí, dando así por finalizada una anomalía histórica, que un dictador tuviera un mausoleo sostenido con dinero público 44 años después de su muerte, un caso único en Europa. Al Gobierno le ha costado 16 meses vencer las resistencias de la familia de Franco, de la asociación que acoge a algunos de los nostálgicos de su régimen sanguinario y represivo y de la autoridad de la orden religiosa que se ocupa del recinto.

Pero antes el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que aprobar una ley de memoria histórica, modificada mediante un decreto bajo el mandato de Pedro Sánchez para impedir que nadie que no fuera víctima de la guerra civil siguiera enterrado en el Valle, lo que excluía a Franco, que no fue víctima, sino verdugo. Finalmente, el Tribunal Supremo ha tenido que dictar una sentencia, tres autos y dos providencias para que el Gobierno pueda proceder a la exhumación y traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo. Pese a la unanimidad con que fue adoptada la sentencia, los últimos obstáculos los ha protagonizado un juez de Madrid que exigía una licencia de obras que el Supremo ha considerado innecesaria y, sobre todo, el prior de la basílica, Santiago Cantera.

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Antiguo candidato electoral falangista en los años 90, el prior alegaba que el Gobierno no podía intervenir en «lugar sagrado» sin su permiso y que se atentaba a la libertad religiosa. El Supremo ha desbaratado ambos argumentos y le ha recordado que la Constitución obliga a todos a cumplir las sentencias, pero Cantera aún defendía este viernes que  proseguirá la batalla legal, aunque no opondrá «resistencia violenta» a la exhumación. Menos mal, se podría decir, ante una actuación que desborda cualquier límite y que compromete también a las autoridades religiosas. Aunque el prior del Valle no depende de la Conferencia Episcopal, sino de una rama de la orden benedictina con sede en Francia y en último término del Papa, se ha echado en falta un pronunciamiento tajante de la jerarquía española y del propio Vaticano, que, pese a no oponerse a la exhumación, tampoco han desautorizado al prior rebelde. Después de la larga historia de connivencia  de la Iglesia católica con el franquismo, esa era una mínima reparación que cabía esperar.

Lo mismo se puede decir de la familia de Franco, que no ha dejado de poner obstáculos en un caso que clamaba al cielo y en el que, como ha dicho el Supremo, el interés general está por encima del particular o familiar. Han recurrido incluso al Tribunal Constitucional por si se han violado derechos fundamentales, lo que ya ha descartado el Supremo. El Gobierno ha decidido que los nietos del dictador puedan asistir, si lo desean, a la exhumación y para ello serán avisados con 48 horas de antelación. No se puede decir que el Ejecutivo no haya sido cuidadoso hasta el último detalle, siguiendo todos los procedimientos legales, para, en palabras de la vicepresidenta, Carmen Calvo, «cerrar con dignidad lo que no era digno».