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Editorial

El precio del paro de país

La protesta es legítima pero Catalunyano puede permitirse jugar con la economía

El ’exconseller’ Toni Comín, en Lovaina.

El ’exconseller’ Toni Comín, en Lovaina. / JORDI COTRINA

Cuál debe ser la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes políticos y sociales del ‘procés’ es motivo de debate en el independentismo desde hace tiempo. Una lluvia de ideas que, como es lógico, se ha acentuado a medida que la comunicación del fallo se ha vuelto inminente. Hay muchas ideas sobre la mesa en ese «tsunami democrático» con el que prolongar «la confrontación democrática con el Estado», en palabras del ‘president’ Quim Torra. «Desobediencia civil», siempre pacífica e intentando mantener a las instituciones a salvo de la reacción del Estado en forma de artículo 155, es una de las fórmulas que más se repite, eso sí, sin entrar en detalles. No obstante, no se esconde el anhelo de paralizar Catalunya, tanto su vida cotidiana como el pulso económico, durante días e incluso semanas.

En esta línea, el ‘exconseller’ de Salut Toni Comín afirmó en una entrevista publicada en EL PERIÓDICO que hay que provocar un bloqueo económico del Estado español, «un desgaste económico y material» que puede suponer un alto precio para la sociedad catalana y también individual (pérdida de empleo, por ejemplo) para aquellos que propugnan la independencia de Catalunya. Un precio que se argumenta que es necesario pagar para lograr la independencia.

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Ni el Govern ni los empresarios están en esta línea. La ‘consellera’ de Empresa, Àngels Chacón, recordó que perjudicar económicamente al Estado supone dañar la economía catalana, en una coyuntura internacional, además, poco halagüeña. Foment de Treball se mostró radicalmente en contra, e incluso alguien poco sospechoso de no ser independentista como Joan Canadell, responsable de la Cambra de Comerç de Barcelona, afirmó que un paro de país «puede ser un drama» para los empresarios. La postura del bloqueo no parece que sea la mayoritaria en el independentismo, pero es cierto que son muchos los que fantasean, en intervenciones públicas y en redes sociales, con un paro social generalizado que afecte a las economías catalana y española.

La protesta es legítima. El derecho a huelga está regulado en nuestro ordenamiento legal, que contempla también cómo se articula el derecho a manifestarse y, en general, el ejercicio de la libertad de expresión. Es en estos parámetros en los que debe moverse la respuesta desde el independentismo a la sentencia del TS, sea cual sea, que aún está por ver. Lo que es incongruente es que muchos de los que han hecho bandera del amor a Catalunya por encima de cualquier otra consideración política, personal e incluso legal, propugnen ahora dañar la economía del país y, con ella, a muchos ciudadanos catalanes.

El precio de un bloqueo económico generalizado sería muy alto, un tiro gravísimo al pie de Catalunya. El otoño del 2017 ya conllevó una factura económica (pocas de las empresas que trasladaron sus sedes han vuelto) que desde la Generalitat se tiende a minusvalorar. Es de celebrar que esta vez propuestas como las del bloqueo no tengan el apoyo del Govern. Los empresarios lo tienen claro. Catalunya no puede permitirse jugar con la economía.