No frivolizar con las pensiones

Una de las víctimas menos lloradas de la crisis económica es el Pacto de Toledo. Era un acuerdo firmado a finales de los 90 para sustraer el tema de las pensiones de la subasta electoral. Se cumplió escrupulosamente hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy, a partir del 2012, suprimió de un plumazo la revalorización automática de las pensiones al desindexarlas del IPC. Una reforma que llegaba tras la prolongación de la edad de jubilación que promovió Zapatero. Esta doble pérdida de derechos acabó con el consenso que había permitido dar estabilidad al sistema y hacerlo sostenible con un fondo de reserva que ahora se ha esfumado. Y asistimos a una campaña electoral tras otra en la que unos y otros pretenden poner el asunto en la agenda de campaña. Lamentablemente lo hacen de manera que no van a la raíz del asunto sino a la superfície: Pedro Sánchez anuncia que subirá las pensiones en diciembre aunque esté en funciones, la pregunta es por qué no lo hace antes, y la oposición replica con acusaciones de mala gestión cuando el problema es estructural. Y en buena medida creado por ellos cuando han gobernado. 

¿Quieren hablar del fondo del asunto? El sistema de pensiones españoles tiene forma legal de sistema de capitalización pero se gestiona como un sistema de reparto. Quiere ello decir que, aunque en el cálculo de la retribución se tienen en cuenta los años y las cuantías cotizadas, se pagan con los ingresos de los trabajadores actuales. No hay hucha. No hay un fondo como el de Noruega que capitaliza las aportaciones de trabajadores y de empresas para invertirlas y con los intereses pagar a los titulares de ese seguro. Y pasa que ahora trabaja menos gente de la necesaria para pagar a los que cotizaron antaño. Y son menos trabajando, que cobran salarios más bajos y cotizan menos, cuando la curva de beneficiarios se dispara. Por ley, como exclamaba este martes uno de los participantes en la marcha de pensionistas, las pensiones son un derecho pero se administran con cargo a la discrecionalidad de los presupuestos generales. La irresponsabilidad es aún mayor porque los partidos que han gobernado saben que una parte del déficit actual se habría evitado si en los tiempos del superávit, el Estado se hubiera hecho cargo, como corresponde de las pensiones no contributivas. La crisis ha desvelado un engaño, una ficción y nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias de ese desaguisado. 

Así las cosas, hay que hablar de las pensiones en esta campaña electoral, pero sin frivolidades ni promesas vacías. ¿Qué proponen los partidos que tengamos: un sistema de capitalización o de reparto? ¿Cómo quieren acabar con el déficit: aumentando los salarios o las cotizaciones o forzando que el Estado asuma las pensiones no contributivas? ¿Quieren revalorizarlas antes de corregir el déficit? ¿Van a exigir a la UE que se lo permita? Hay que hablar de estas cosas porque interesan a todos: a los que ahora son pensionistas y a los que lo serán el futuro? Es un derecho que hay que saber cómo se va a cumplir.