Un Estado social debería acelerar el consenso sobre las pensiones

Los períodos de provisionalidad política tienen algunos aspectos positivos. Aunque el Gobierno se halle en funciones, Pedro Sánchez se ha comprometido a incrementar las pensiones al mismo nivel que la evolución del IPC. De este modo, si a finales de diciembre no aparece un Gobierno firme, echará mano de la figura del decreto ley y fijará la prestación a este indicador. No resuelve la cuestión, pero legisla tomando un baremo razonable, el de la evolución de los precios. Las medidas definitivas ya se alcanzarán cuando se puedan consensuar, lo cual en estas circunstancias es como decir 'ad calendas graecas', o sea nunca. Momentáneamente gana el lado social. Arrieros somos…

Los jubilados componen el mayor colectivo de la población española. Casi 10 millones de personas, uno de cada cinco españoles. Y sigue creciendo. Más todavía, en los próximos años. Columnas de este colectivo marchan estos días desde distintos lugares para converger el próximo lunes en Madrid. Los ingresos son tan dispares como para abarcar a unos 200.000 pensionistas, que obtienen la prestación más elevada, 2.567 euros brutos al mes, y a la vez a casi cinco millones, los cuales cobran menos de 1.000 euros. Dentro de este grupo de pensionistas mileuristas, dos millones no llegan a 700 euros. Pero si la divergencia económica es amplia, más todavía si nos atenemos a la división entre válidos, menos válidos, y no válidos. O si nos referimos a aquellos para los que la jubilación es el anhelado punto final a la vida laboral o, por el contrario, un punto y seguido o el relanzamiento profesional. A pesar de no votar al mismo partido político, todos sienten su aliento en el cogote. 

Un excelente análisis publicado este martes en la  web de este diario (Antonio Castillo, 'Pensiones y elecciones'), manejando fuentes de INE, decía que los pensionistas en su conjunto no han perdido tanto poder adquisitivo entre 2006 y 2017. Bien es verdad que las percepciones máximas se han dejado un buen pico, pero las medianas han recuperado casi un 7%. A pesar de estos datos, la secretaria de Políticas Sociales advertía el otro día que, de seguir esta evolución, los pensionistas actuales y futuros están condenados a la pérdida continua de poder adquisitivo. En efecto, las previsiones para el año 2060 indican que la tasa de sustitución, es decir la relación entre la pensión y el último salario, pasará del 79% al 48,6%, menos de la mitad del nivel de vida en activo. Si se asocian las pensiones al IPC, la hecatombe se frena.

Presión a los jubilados

¿Qué gana el PSOE metiendo este tema en las elecciones generales? Implanta una medida social. Presiona a los jubilados y a la izquierda a votarle para poder aplicarla. Y condiciona el debate público en favor del reequilibrio social. Frente a las visiones liberales que intentan ampliar los sistemas de capitalización –tanto aporta un trabajador, tanto recibirá cuando le llegue la hora de la jubilación–, el sistema de reparto muestra una solidaridad intergeneracional donde no se abandona a los más desfavorecidos. 

Crece el número de pensionistas en nuestro país. Aumenta la longevidad. Cada vez son más elevados los montantes de las nuevas pensiones. El déficit se dispara. La tarea es doble. Requiere un doble consenso. Por una parte, hay que anclarlas a una base de financiación y criterios de revalorización estables. Y por otra, hay que alcanzar un acuerdo en torno a: la salida escalonada a la jubilación, según cada perfil; el retraso de la edad hasta los 67 o 70 años; la liberalización de cargas fiscales que permitan a los jubilados seguir desarrollando las actividades; y la generalización de los sistemas de capitalización como complemento de las pensiones contributivas.

Un Estado social, como la Constitución española de 1978 tan invocada consagra, debería acelerar este consenso.