09 jul 2020

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Editorial

Cinco años de ley contra la homofobia

Catalunya ha sido pionera, pero aún puede dar un paso más para atajar una homofobia que se reaviva

Concentracion delante el centro LGTBI atacado ayer con pintadas y cristales rotos.

Concentracion delante el centro LGTBI atacado ayer con pintadas y cristales rotos. / ELISENDA PONS

La ley que garantizaba los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y que implantaba mecanismos para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia vio la luz hace cinco años en el Parlament de Catalunya. Se trata de una legislación pionera y muy celebrada por la comunidad LGTBI, que así veía como se culminaba con un texto legal una de sus máximas aspiraciones, después de años de lucha por la dignidad. La Ley LGTBI de 2014 preveía promover las condiciones para salvaguardar los derechos y facilitar la participación y representación del colectivo en todos los ámbitos de la vida social, pero también contemplaba el desarrollo de medidas que penalizaran la discriminación.

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En el balance de estos cinco años, la Generalitat aduce como logros el reconocimiento administrativo de las parejas no heterosexuales, el derecho a la identificación no binaria, los cambios de nombre de personas trans y la implantación de servicios de atención (SAI) y de otros planes en marcha a favor del colectivo. Sin embargo, el Observatorio Contra la Homofobia (OCH) advierte que de las 561 incidencias denunciadas solamente 12 han sido sancionadas por la Generalitat, seis de ellas en lo que va de 2019. La queja se refiere especialmente a la falta de un reglamento sancionador específico: el que ahora se aplica, anterior a la ley y pensado para regular actividades comerciales y de servicios, y no discriminaciones o vejaciones. Más allá de las valoraciones críticas, estas no pueden empañar el papel pionero de Catalunya.

No podemos permitirnos, como sociedad, dar ni un paso atrás en el reconocimiento de los derechos LGTBI. Un retroceso ya no es un escenario inimaginable en vista de las actitudes de las fuerzas que ya gobiernan en Andalucía y Madrid y la desinhibición con la que se expresan cada vez más actitudes homófobas. En este escenario, la instauración de un reglamento coercitivo eficaz, que ya se reclamaba hace un año es urgente para seguir blindando con rigor derechos y libertades.