Opinión | Editorial
Catalunya, epicentro de campaña y protestas
Los Mossos deberán garantizar hoy la seguridad pública y el derecho de manifestación
Ni las discrepancias entre las izquierdas cada vez más plurales que impidieron llegar a un acuerdo, pacto o coalición de Gobierno, ni el temor a la llegada de la triple alianza de las derechas están centrando la precampaña electoral. Y difícilmente habrá tiempo, vista la presión sobre tan apretado calendario del aniversario del 1-O y la sentencia del ‘procés’, de que sea de otra manera. Para incomodidad de Pedro Sánchez, Catalunya se ha convertido en el eje de la carrera hacia el 10-N.La detención de los CDR acusados de evolucionar, en solitario o con conexiones por confirmar, hacia la realización de actos violentos, <strong>el imprudente cierre de filas de parte del independentismo en su defensa</strong> y los preparativos para «colapsar» la red viaria de Catalunya y <strong>convocar una huelga general</strong> han creado el marco esperado por el PP y Ciudadanos para reclamar, respectivamente,<strong> la aplicación de la ley de seguridad nacional</strong> o un nuevo y más duro 155 en Catalunya. Y, por supuesto, acusar a Sánchez de tibieza ante ese desafío. Ante este panorama, el PSOE envuelve su campaña con el lema de 'Ahora España', exige a Torra que denuncie una violencia que este no admite y trata de evitar que la realidad contradiga su discurso sobre el debilitamiento del independentismo.
Un pulso planteado en estos términos es difícil que no derive en una estéril y perniciosa radicalización de los discursos. Y más aún cuando, en Catalunya, los augurios sobre la colaboración entre las distintas fuerzas policiales para garantizar al mismo tiempo el orden público y el derecho de manifestación en el ciclo de protestas que empieza esta semana se hayan visto cuestionados por<strong> la dimisión, justo ayer, del director de los Mossos.</strong>
Andreu Martínez había mostrado su disposición a hacer que el cuerpo policial, entre complacer a los sectores del independentismo radicalizados en la calle y garantizar el respeto a la legalidad y el orden público, elija lo segundo. Ypor este motivo ha sido desautorizado repetidamente, de forma directa por Quim Torra y remota por Carles Puigdemont.
Antes del 1-O cuyo segundo aniversario se celebra hoy, otro director general de los Mossos dimitió ante su incomodidad por la disposición de los responsables de las instituciones catalanas a hacer saltar por los aires el marco legal y por la actitud que parecían esperar de la policía catalana. Cuando parte del independentismo admite, abierta o implícitamente, algunos de los desatinos del otoño del 2017, otra amenaza con repetirlos. Una actitud de contumacia en el error al que se suman las derechas españolas.
<strong>La conmemoración del 1-O</strong> parece que será solo un prólogo de lo que pueda suceder cuando se conozca la sentencia contra los líderes independentistas. <strong>Pero sea cual sea la intensidad de las protestas, la respuesta policial </strong>demostrará hasta qué punto, al margen de las presiones políticas, los Mossos están en condiciones de garantizar el derecho de manifestación de quienes saldrán a la calle sin que se repitan las imágenes de hace dos años pero sin hacer dejación de sus competencias en materia de seguridad y orden público. Es decir, todas las libertades y derechos de todos los catalanes.
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