Opinión | Editorial

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Catalunya, epicentro de campaña y protestas

Los Mossos deberán garantizar hoy la seguridad pública y el derecho de manifestación

Dos mossos, ante un grupo de manifestantes que organizó una sentada ante la sede de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona, el pasado día 20.

Dos mossos, ante un grupo de manifestantes que organizó una sentada ante la sede de la Guardia Civil en la Travessera de Gràcia de Barcelona, el pasado día 20. / Miquel Codolar ACN

Ni las discrepancias entre las izquierdas cada vez más plurales que impidieron llegar a un acuerdo, pacto o coalición de Gobierno, ni el temor a la llegada de la triple alianza de las derechas están centrando la precampaña electoral. Y difícilmente habrá tiempo, vista la presión sobre tan apretado calendario del aniversario del 1-O y la sentencia del ‘procés’, de que sea de otra manera. Para incomodidad de Pedro Sánchez, Catalunya se ha convertido en el eje de la carrera hacia el 10-N.La detención de los CDR acusados de evolucionar, en solitario o con conexiones por confirmar, hacia la realización de actos violentos, <strong>el imprudente cierre de filas de parte del  independentismo en su defensa</strong> y los preparativos para «colapsar» la red viaria de Catalunya y <strong>convocar una huelga general</strong> han creado el marco esperado por el PP y Ciudadanos para reclamar, respectivamente,<strong> la aplicación de la ley de seguridad nacional</strong> o un nuevo y más duro 155 en Catalunya. Y, por supuesto, acusar a Sánchez de tibieza ante ese desafío. Ante este panorama, el PSOE envuelve su campaña con el lema de 'Ahora España', exige a Torra que denuncie una violencia que este no admite y trata de evitar que la realidad contradiga su discurso sobre el debilitamiento del independentismo.

Un pulso planteado en estos términos es difícil que no derive en una estéril y perniciosa radicalización de los discursos. Y más aún cuando, en Catalunya, los augurios sobre la colaboración entre las distintas fuerzas policiales para garantizar al mismo tiempo el orden público y el derecho de manifestación en el ciclo de protestas que empieza esta semana se hayan visto cuestionados por<strong> la dimisión, justo ayer, del director de los Mossos.</strong>

Andreu Martínez  había mostrado su disposición a hacer que el cuerpo policial, entre complacer a los sectores del independentismo radicalizados en la calle y garantizar el respeto a la legalidad y el orden público, elija lo segundo. Ypor este motivo ha sido desautorizado repetidamente, de forma directa por Quim Torra y remota por Carles Puigdemont.

Antes del 1-O cuyo segundo aniversario se celebra hoy, otro director general de los Mossos dimitió ante su incomodidad por la disposición de los responsables de las instituciones catalanas a hacer saltar por los aires el marco legal y por la actitud que parecían esperar de la policía catalana. Cuando parte del independentismo admite, abierta o implícitamente, algunos de  los desatinos del otoño del 2017, otra amenaza con repetirlos. Una actitud de contumacia en el error al que se suman las derechas españolas.

<strong>La conmemoración del 1-O</strong> parece que será solo un prólogo de lo que pueda suceder cuando se conozca la sentencia contra los líderes independentistas. <strong>Pero sea cual sea la intensidad de las protestas, la respuesta policial </strong>demostrará hasta qué punto, al margen de las presiones políticas, los Mossos están en condiciones de garantizar  el derecho de manifestación de quienes saldrán a la calle sin que se repitan las imágenes de hace dos años pero sin hacer dejación de sus competencias en materia de seguridad y orden público. Es decir, todas las libertades y derechos de todos los catalanes.