Opinión | Editorial
El Periódico
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En la víspera del 1-O
A pesar de la tensión política, los diferentes cuerpos policiales están colaborando eficazmente
La tensión ha escalado de nuevo en Catalunya en los días previos al segundo aniversario del 1-O, la fecha convertida en referencial por el independentismo, por encima, por ejemplo, del incómodo recuerdo de la fallida proclamación de la república. La imagen de las cargas policiales en el imaginario colectivo pesa más aún que la reflexión sobre los errores cometidos en una crisis que, desde aquel otoño del 2017, ha entrado en vía muerta tras la aplicación de una receta que ha demostrado ser absolutamente contraproducente: la vía unilateral para intentar hacer saltar por los aires el marco constitucional español y el estatutario catalán y una respuesta que ha llegado únicamente a través de la vía de la judicialización. En estas vísperas del 1-O se han ido sumando, como elementos enrarecedores del ambiente político, la tensa espera de la sentencia a los líderes independentistas por parte del Tribunal Supremo, la desgraciada sesión del Parlament de la semana pasada, el efecto radicalizador de las posiciones que supone una nueva campaña electoral, las consecuencias desestabilizadoras del pulso entre las distintas almas del independentismo y la agitación en torno a la detención de los acusados de elaborar explosivos con el fin de utilizarlos en atentados en torno al 1-O o el anuncio del fallo judicial, con tomas de postura que el avance de las investigaciones podría relevar como imprudentemente precipitadas.
Ante la posibilidad de que la disputa dialéctica pueda acabar en posibles episodios de tensión en la calle en los próximos días, los distintos cuerpos policiales están colaborando de forma eficiente en la preparación de los dispositivos para prevenir posibles problemas de orden público más allá del legítimo derecho de manifestación. Parte del propio Govern ha mostrado su incomodidad con el anuncio de los medios con los que cuentan los Mossos, causando una tormenta en el seno de la Conselleria d’Interior, y ha preferido evitar la imagen de los responsables políticos del Gobierno central y la Generalitat compartiendo mesa. Sin embargo, cabe recordar que el día en que se desconvocó esa cita en paralelo sí se desarrolló sin problema alguno la reunión técnica entre cuerpos policiales para coordinar una actuación que en nada debería recordar a la de hace dos años.
El rechazo de la sociedad catalana a la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en los centros de votación se ha convertido en un argumento movilizador más intenso que el recuerdo de las decisiones erróneas que tomaron los líderes del ‘procés’ durante aquel infausto otoño del 2017. Algo que debería hacer reflexionar cuando, a la espera de una sentencia que tiene muchos visos de volver a actuar como momento catártico para el independentismo, vuelven a asomar tras las actitudes de demasiados el peligro de volver a cometer los errores del 2017: tomar iniciativas unilaterales, al margen de la legalidad, basadas en una base social activa pero insuficiente y pretendiendo desbordar el marco institucional y, por la otra parte, fiarlo todo a la respuesta judicial o la amenaza de un 155 preventivo y aún más intenso.
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