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INSTITUCIONES DESACTIVADAS

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el debate de política general en el Parlament.

FERRAN NADEU

Un país paralizado

Gemma Ubasart

Explicar el contencioso como un problema de convivencia no solo es faltar a la verdad sino que sienta las bases a una futura gestión del conflicto miope y desenfocada

El debate de política general debería ser uno de los momentos más importantes y solemnes de la vida política del país. Así lo ha sido durante mucho tiempo. La voluntad de autogobierno en Catalunya se ha materializado, entre otros, en el desarrollo de institucionalidad con conciencia de casi-Estado (hacer como si fuéramos). Y, por tanto, con actos con una importante carga a la vez simbólica y sustantiva. El ejercicio de una especie de gimnasia estatal (emulando a la libertaria gimnasia revolucionaria) que, por la vía de los hechos, iba avanzando en la construcción de país.

Es evidente que a día de hoy toda esta práctica ha quedado bajo mínimos. La utilización político-partidista de las instituciones ha mermando la fortaleza de estas. Por un lado la devaluación se ha producido por parte de aquellos que creyeron que exiguas mayorías parlamentarias justificaban tirar adelante dejando atrás a media Catalunya. Por otro lado, los que apostaron por la judicialización de la vida política. Y no solo me refiero a los procesos penales a los líderes independentistas con un eminente sentido de revancha, sino también a la práctica cotidiana desarrollada en las instituciones y, en concreto, en el propio Parlament. Una dinámica activada a golpe de amenazas y querellas. Crispación.

Todo esto es cierto. Pero hay más. De ninguna manera podemos reducir los procesos políticos a aciertos o errores personales y de la acción política. Pesan tanto o más ciertos condicionantes de fondo y largo recorrido. La voluntad recentralizadora iniciada durante el segundo Gobierno de Aznar a golpe de recetas salidas del horno de la FAES. La sentencia del Tribunal Constitucional recortando parte del Estatut y reinterpretando otra parte del articulado. La falta de inversión en Catalunya y el olvido en el mapa de las infraestructuras. Las interpretaciones restrictivas del reparto competencial. La utilización política y arbitraria de la financiación autonómica. Y un largo etcétera que ha ido carcomiendo nuestra institucionalidad.

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A día de hoy tenemos un país paralizado, sin gobierno que gobierne ni parlamento que legisle. Una comunidad política atascada en el 'post-procés' en la que imperan pasiones tristes y desánimo generalizado (algunos se han quedado pegados en la lógica de la tensión). Unas instituciones y una ciudadanía que esperan una temida sentencia. La situación es excepcional y grave: miembros de un gobierno elegido democráticamente y líderes de representativas organizaciones sociales en la cárcel o en el exilio. Estamos en un momento de 'impasse'. Y el debate de política general solo podemos situarlo en este contexto.

Se ha cerrado una etapa de la historia de Catalunya y habrá que abrir otra, de futuro y esperanza. Necesitamos menos dinámicas frentistas tipo Torra o Roldán (cada vez, por cierto, más minoritarias en la sociedad y en la política catalana). Pero también necesitamos menos teorías de la fractura que hacen furor en Madrid. Explicar el contencioso como un problema de convivencia no solo es faltar a la verdad sino que sienta las bases a una futura gestión del conflicto miope y desenfocada. Porque sin gestionar la cuestión de los presos y exiliados, y sin empezar a entrar en el fondo de la crisis del modelo autonómico, será muy difícil reconducir y normalizar nuestro funcionamiento institucional.

*Profesora de Ciencia Política y Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universitat de Girona.