Batet y su triste privilegio

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de Diputados, reivindicaba en una artículo publicado en este diario el pasado 11 de septiembre el valor de la pluralidad en la vida política y citaba a Hannah Arendt en la idea que "introducir el absoluto en la esfera de la política significa la perdición”. Una magnífica advertencia difícil de no ser compartida por cualquier demócrata. La cuestión, sin embargo, es con qué facilidad muchos dirigentes políticos ven los absolutos que los adversarios introducen en la vida pública e ignoran los propios absolutos, aquellos que ellos también imponen. 

Batet sabe perfectamente de que habla cuando cita a Arendt, conoce con precisión el significado de la pérdida de los principios democráticos cuando el absoluto se impone. 

Ella tendrá el triste privilegio de la historia parlamentaría reciente de ser la primera presidenta del Congreso de Diputados que en nombre de un absoluto laminó uno de los principios más sagrados en cualquier democracia: el de la representación política de cuatro diputados y, con ellos, el de más de un millón y medio de ciudadanos.

Batet lideró el acuerdo de la Mesa del Congreso que nos suspendía de nuestra función de diputados electos, volatilizando la presunción de inocencia y dejando centenares de miles de ciudadanos sin la justa y proporcional representación política que las elecciones habían producido. Y lo hizo sin ni siquiera darnos la posibilidad de comparecer ante la Comisión del Estatuto del Diputado. De hecho, no solo nos negó a nosotros el derecho a podernos expresar sino que la negó al resto de 346 diputados y diputadas que son, de acuerdo con el Reglamento del Congreso de Diputados, los únicos capacidades para dilucidar mediante el procedimiento de un suplicatorio, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. 

Batet dimitió del alta responsabilidad que ocupa –que no es ordenar los debates sino garantizar que los diputados, en cuanto que depositarios de la voluntad popular, puedan ejercer plenamente y sin restricciones impuestas esta representación.

Proteger sin vacilar los derechos inherentes a un diputado –sobre todo si no compartes ideología– parece un concepto demasiado audaz para una clase política más preocupada en su supervivencia personal que en la resolución del conflicto más importando que este Estado tiene desde 1978. Pero, sobre todo, parece un concepto incompatible con quien abraza el absoluto como estrategia de acción política.

Con este comportamiento de la presidenta Batet y de buena parte de los dirigentes políticos españoles, el problema no lo tenemos solo los independentistas catalanes a quienes se tiene que decidido de silenciar a partir del absoluto que los guía, el de la unidad de España, sino que lo tiene la democracia española en su conjunto. 

Renunciando, desde la presidencia del Congreso, a defender los derechos de los electos, suspendiéndonos directamente, se está dando carta blanca a aquellos que en el futuro decidan volver a dejar sin voz, de forma arbitraria, a otros sectores de la sociedad española que les sean incómodos.

De paso, Batet, evidenció cómo de débil es la separación de poderes hoy en España. Alfonso Guerra nos recordó hace unas décadas que Montesquieu había muerto con el objetivo de justificar la imposición del poder ejecutivo sobre el poder legislativo. La proclama de Guerra a favor de la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros dos era una absoluta barbaridad porque no hay democracia de verdad, de calidad, sin una separación clara de funciones y unos mecanismos recíprocos de control. 

La misma barbaridad acontece cuando esta preeminencia se lo otorga el poder judicial, tal como contemplamos, perplejos a la vez que víctimas, en el Estado español desde hace un tiempo. La perplejidad no surge porque determinadas instancias judiciales pretendan invadir terreno ajeno sino por la docilidad con que los otros poderes se resignan.

Por eso, apelamos a los viejos y sabios valores republicanos que defienden, ardidamente, la división de poderes como una de las columnas maestras que sostienen la democracia. 

Por eso, presidenta Batet, estando de acuerdo en que el absoluto en política nos lleva a la perdición, hubiera sido y sería muy saludable para la democracia que, en el ejercicio de tus responsabilidades, la coherencia entre lo que predicas y lo que practicas fuera un criterio en tu toma de decisiones.