Los jueces atrapan a Johnson

La resolución del Alto Tribunal de Escocia que declara ilegal ('unlawful') el cierre del Parlamento durante cinco semanas, decidido por el Gobierno y sancionado por la reina, obliga a Boris Johnson a hacer frente a un conflicto de atribuciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, pone en cuarentena su acatamiento del orden constitucional y plantea la duda de si la Cámara de los Comunes debe reanudar sin demora las sesiones, como exigen la oposición y los 'tories' disidentes, o debe seguir cerrada. Pero eso no es todo: si del fallo de los jueces escoceses y del que deberá emitir el Tribunal Supremo de Londres a partir de la vista fijada para el día 17 se deduce que el 'premier' engañó a Isabel II para que firmará el cierre ('prorogation'), son muchos los que opinan que Johnson deberá dimitir. De forma que la crisis en curso pasará una vez más del debate académico y sobre todo jurídico al político.

Dominic Grieve, exfiscal general y uno de los 21 diputados conservadores sublevados, que defienden un 'brexit' ordenado, sostiene que, además de engañar a la reina acerca de las razones del cierre parlamentario, Johnson prevaricó al promoverlo, un argumento indirectamente reforzado por el Alto Tribunal de Escocia. Según los tres jueces que lo componen, y a tal razonamiento se acogen quienes exigen la reapertura inmediata de la Cámara de los Comunes, el cierre es ilegal porque “tenía el propósito de obstaculizar la tarea del Parlamento". Algo que atenta directa y gravemente contra la división de poderes y el papel asignado al Parlamento en el Reino Unido desde tiempo inmemorial.

Asuntos trascendentales

Puede decirse que atenta contra la democracia en aquello que es esencial: controlar el comportamiento del Gobierno, de forma especial cuando se dilucidan asuntos tan trascendentales como permanecer en la UE o abandonarla. Incluso Theresa May en su infructuosa brega con el Parlamento para lograr que aprobara su acuerdo con Bruselas, entendió que no cabía buscar atajos, y la división de los conservadores, consumada estos días, tuvo que ver en parte con la pretensión de algunos de puentear a los diputados con alguna argucia para zanjar el 'brexit' a cualquier precio. Eso quiere hacer el sucesor de May, pero al judicializarse el conflicto, el jeroglífico se ha hecho más indescifrable.

Quizá la carrera política de Boris Johnson dependa a partir de ahora de responder a una pregunta crucial: ¿el cierre del Parlamento, efectivo desde el martes, fue un golpe contra la Constitución? El objetivo del primer ministro de neutralizar a los Comunes y presionar a los Veintisiete con un divorcio abrupto admite muy variadas interpretaciones, pero todas ellas se salen de las convenciones políticas, de forma que ninguna respuesta puede soslayar la sensación de gran escándalo. El empeño de Boris Johnson en desoír a los Comunes –no quiere pedir una prórroga a Bruselas si el 31 de octubre no hay acuerdo y quiere convocar elecciones, contra las que se ha pronunciado el Parlamento– tiene todos los rasgos del ardid bochornoso.