18 sep 2020

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La Junta y la inmersión

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, durante el discurso de investidura en el parlamento regional.

EFE

Disparate político, estropicio lingüístico

Joaquim Coll

Todas las autonomías difunden su imagen y cultura tanto fuera como dentro de España. Andalucía no es una excepción y está en su derecho. La novedad es que el nuevo gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, formado por PP y Cs con el apoyo de Vox, ha incorporado una nueva ayuda para que las entidades andaluces en otras comunidades puedan ofrecer clases de castellano con la idea de “combatir la inmersión lingüística” allá donde exista. El anuncio es un disparate político no por la medida en sí, pues nada hay de malo en que se ofrezca reforzar voluntariamente un aprendizaje, sino porque sirve en bandeja a los nacionalistas de aquí el argumento victimista de la confrontación territorial. Ayuda también a mantener políticamente secuestrado el catalán en sus manos, dificulta el debate racional sobre el monolingüismo escolar y eleva la inmersión a un tótem identitario a la altura del Caga Tió o de Montserrat.

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Este anuncio, seguramente sin mucho recorrido práctico, es un disparate político que solo alimenta el estropicio lingüístico que se practica en Catalunya. El tabú ante la exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela solo podrá vencerse desde dentro de la sociedad catalana subrayando dos hechos objetivos. El mayor fracaso escolar de los alumnos castellanohablantes en igual condición económica y social. Y el perjuicio hacia los jóvenes catalanohablantes de la Catalunya interior, cuyo nivel de castellano no es óptimo como ya reconoció Ernest Maragall cuando era consejero de Educación en el tripartito.

La inmersión lingüística no es ningún modelo de éxito ni es un método razonable de forma general y permanente. Lo normal en una sociedad bilingüe como la catalana es una escuela bilingüe. De la misma forma que lo lógico para España es completar el reconocimiento del plurilingüismo en el Estado como propone Mercè Vilarrubias en el libro 'Por una Ley de Lenguas' (2019), pero que tampoco gusta a los esencialistas del otro lado, los nacionalistas de “la lengua común” y del “yo soy español, español, español”.