Razones de urgencia y de interés general

Sostiene la Abogacía del Estado que un Gobierno en funciones no puede actualizar el dinero que el Estado debe hacer llegar a las autonomías este año en concepto de entregas a cuenta por los impuestos recaudados en sus propios territorios.

Dice la Abogacía del Estado que, atendiendo a la letra de la ley, cuando un Gobierno está en funciones tiene que limitar su gestión al «despacho ordinario» de los asuntos públicos y que no puede adoptar ningún otro tipo de medida, salvo por razones de «urgencia» o  «interés general».

Según el Tribunal Supremo la expresión «despacho ordinario de los asuntos» quiere decir que «el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que deba trazar el que lo sustituya». 

Para la Abogacía del Estado, actualizar las entregas a cuenta a las autonomías no parece «urgente», ni de «interés general» y además se percibe como una decisión política que condicionaría a un nuevo Gobierno.

Las personas que integran la Abogacía del Estado reúnen la máxima capacitación técnica. A sus criterios se debe atener el Gobierno, para eso están. Pero no son infalibles. A veces los tribunales fallan en su contra. 

Ningún gobierno autonómico puede entender que no sea «urgente» ni de «interés general» poder recibir cuanto antes los algo más de 4.000 millones de euros con los que contaban cuando elaboraron sus respectivas cuentas  del 2019. Cantabria ya ha anunciado recortes por las tensiones en la tesorería.  Castilla La Mancha está retrasando los pagos a sus proveedores a 44 días.

Catalunya ha dicho que está juego poder cumplir abonar en tiempo a los funcionarios la paga extra pendiente de devolución. Y el presidente de Galicia ha señalado que, aunque el Gobierno esté en funciones, la sanidad y la educación no lo están.

También cuesta ver «directrices políticas» en una cuestión tan automática como es pagar a las comunidades las cantidades que, según dicta la propia ley, se han de determinar de acuerdo al anteproyecto (y subrayo ‘anteproyecto’) de ley de Presupuestos del Estado (aprobado  en enero por el Consejo de Ministros). 

De un modo u otro, aunque el Gobierno esté en funciones, no lo está el Parlamento. Y en las manos del Congreso de los Diputados está poder tramitar con celeridad la iniciativa con la que el PP se ha adelantado al PSOE para que sea el Parlamento quien inste al Gobierno en funciones a conceder a las autonomías un préstamo a tipo cero a cuenta de las cantidades adeudadas. La solución parece impecable y solo cabe esperar que el oportunismo político no lo arruine.