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Editorial

Fiscalidad y financiación de las autonomías

Es imprudente llevar la política fiscal al ámbito de la confrontación territorial como hace la nueva presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

El Periódico

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, junto al presidente del PP, Pablo Casado.

La presidenta de Madrid, Isabel Ayuso, junto al presidente del PP, Pablo Casado. / JOSÉ LUIS ROCA

Las elecciones del pasado 26 de mayo, y los acuerdos posteriores para conformar los gobiernos autonómicos, dibujaron un nuevo mapa político en España, que empieza a tener su reflejo en la fiscalidad. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido quien ha marcado más el tono en este aspecto, con su promesa de «la mayor rebaja fiscal de la historia» en esta comunidad. Menos grandilocuentes, pero con esa idea de bajar impuestos, se han referido otras autonomías gobernadas por el PP y sus socios, como Andalucía y Murcia. Frente a estas, los ejecutivos autonómicos en manos del PSOE defienden una política fiscal más redistributiva.

Forma parte de las competencias de cada comunidad fijar impuestos al alza o a la baja, y entra dentro de la lógica que un gobierno popular apueste por políticas liberales, pero llevar el asunto al ámbito de la confrontación territorial es imprudente. Cuando Díaz Ayuso tacha de «infierno fiscal» a las comunidades gobernadas por la izquierda, se aferra a un discurso simplista y evita aclarar a qué coste saldrá su prometida rebaja de impuestos en Madrid, donde el gasto público per cápita en sanidad o educación ya está por debajo de la media española. En un escenario político incierto que puede abocar a otras elecciones generales, el PP puede usar la Comunidad de Madrid como escaparate de sus recetas y utilizar los impuestos de manera demagógica como arma electoral.

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El mismo escenario, con un Gobierno en funciones, es el trasfondo de otro gran debate sobre financiación autonómica. Lo expuso gravemente el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al alertar del «ahogo financiero» de Catalunya y anunciar que llevará a los tribunales al Gobierno por no transferir los mayores ingresos que le corresponden en el 2019. La situación afecta también al resto de comunidades de régimen común (no forales) y también lo han denunciado los ejecutivos del PP. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha remarcado que la no aprobación de los Presupuestos y la falta de un acuerdo para formar Gobierno han llevado a la situación actual. Aunque hay discrepancias sobre si técnicamente eso es así, lo que sí es cierto es que la inestabilidad política no ha favorecido a la resolución de un problema que sitúa a las comunidades en serias dificultades de caja. Un motivo más para que el futuro Gobierno tenga sobre la mesa, como prioridad ineludible, la reforma del sistema de financiación autonómica.