Derechos sociales y deberes sociales: ¿universalidad?

En los últimos tiempos las políticas sociales se han centrado en el enfoque de derechos. Perspectiva legítima y adecuada ante el 'consenso' sobre la necesidad de políticas de izquierdas que garanticen la igualdad de oportunidades. Sin embargo hay que aclarar que la universalidad de los derechos sociales, en este sistema nuestro -capitalista, heteronormativo, patriarcal y eurocéntrico- siempre va de la mano de deberes. Hasta aquí ningún problema. Pero si vamos un poco más a allá nos damos cuenta de que estos deberes no lo son para todo el mundo y- por otra parte- nos orientan hacia un modelo social concreto que determina cómo debemos vivir, cuáles deben ser nuestros comportamientos y las relaciones correctas. De hecho podríamos decir que estamos inmersos en un sistema de deberes sociales -vinculados a los derechos- planteado desde un modelo ideológico y político. No es nombrable ni tangible, no cambia sustancialmente en función del partido que gobierna y, seguramente, ni siquiera es evidente para las personas que velan por garantizar este sistema de derechos y deberes. Pero ahí está.

Clasismo social

La cuestión relevante emerge cuando nos planteamos si existe un criterio de universalidad ante estos deberes y derechos. Es aquí donde el clasismo socioeconómico toma una forma descarnada en nuestra sociedad. Es aquí donde las izquierdas hemos caído en la trampa y hemos comprado un sistema normalizador (en el sentido de encajar en la norma) que solo tiene caracter de obligatoriedad para las personas con pocos recursos económicos y/o consideradas por el sistema de 'clase baja'. No caigamos en el error de pensar que las clases sociales se han extinguido. Las clases sociales siguen operando en el consciente, en el inconsciente y en el imaginario colectivo. El estigma de clase sigue condicionando la mirada social. El sistema de protección social, el sistema de protección a la infancia y adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos, el sistema de protección de la violencia machista, las violencias familiares o incluso el sistema que regula la entrada de personas migradas a nuestro país están teñidos de clasismo a pesar de que esta no sea la voluntad de la planificación política.

Por un lado el acercamiento a los sistemas públicos de protección o ayuda no es universal. En la medida en que las condiciones económicas permiten acceder a una sanidad o educación privadas es muy probable que haya personas y/o familias que nunca hayan establecido contacto con los sistemas públicos. Cada vez que diseñamos protocolos, estrategias de detección o de intervención en las escuelas o en el sistema público de salud nos olvidamos que hay grupos sociales que no serán nunca sometidos a esta mirada y que, por tanto, los deberes sociales no se harán obligatorios para ellos.

¿Pensamos, por ejemplo, que los niños y niñas que viven en familias acomodadas económicamente no pueden estar viviendo situaciones de vulnerabilidad dentro del núcleo familiarvulnerabilidad? ¿Pensamos que una mujer que conviva con una pareja con muchos recursos económicos tiene más mecanismos para salir de la violencia machista cuando es muy poco probable que se acerque a un servicio público que le pueda ofrecer ayuda? Seguramente esta mujer acude a un ginecólogo privado, los hijos e hijas asisten a una escuela privada donde el sistema público entra mínimamente. No se plantean, por ejemplo, formaciones sobre violencias sexuales en la infancia u otras violencias machistas para profesionales que trabajan en el ámbito privado. ¿Por qué? ¿Es que seguimos cayendo en el estereotipo mil veces desmentido de que estos son asuntos se producen en hogares 'en riesgo de exclusión'?

Sistema imperfecto

La otra cara de la moneda la tenemos con las familias que llegan a los servicios sociales u otros servicios públicos pretendidamente universales. Pidiendo ayuda, en diversas formas. Cualquier ayuda va precedida de un análisis exhaustivo de las situaciones personales, jurídicas, laborales, en relación al uso de tóxicos... A menudo la ayuda queda condicionada a cambios respecto a algunos de estos aspectos: hay que dejar de consumir drogas, hay que demostrar como desempeño mi papel de madre (más que de padre) o hay que demostrar que mi matrimonio es por amor (esto en el caso de las personas migradas). ¿Le preguntamos alguna vez a un padre de 'clase alta' -sea autóctono o de otro país- si bebe abusivamente? Si lo hace delante de sus hijos y si ejerce violencia?, ¿preguntamos a su pareja si se casó locamente enamorada o lo hizo para mejorar su estatus económico?

¿Modelo moral? ¿Garantía de derechos? Seguramente ambas cosas. Depende de cada situación. En cualquier caso estigma de clase sobre el que hay que reflexionar. Es un efecto perverso del diseño del sistema.

Psicóloga social.