Sueldos justos y demagogia

El límite máximo de los sueldos de los alcaldes en España está delimitado por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, una norma aprobada por el PP en el 2013 que deja en manos de los plenos de los ayuntamientos la concreción de los salarios de alcaldes y concejales. Cuando en el 2015, en lo alto de la ola de indignación ciudadana canalizada por el 15-M, los denominados alcaldes del cambio llegaron a ciudades como Barcelona y Madrid, una de las primeras medidas que tomaron fue bajarse el sueldo. En el caso de Ada Colau, el resto de grupos le asignaron una retribución de 100.000 euros brutos, y ella decidió entregar a causas sociales más de 30.000 euros. Así, la alcaldesa cobraba menos que otros cargos del ayuntamiento y que otros alcaldes de ciudades más pequeñas y de menor peso que Barcelona. Ahora, el sueldo de Colau ha subido 900 euros al mes por una aportación de su partido pero aun así no está entre los cinco alcaldes mejor pagados.

La alcaldesa de Barcelona debe tener un sueldo proporcional a la importancia de su trabajo en función de criterios como dedicación, responsabilidades, competencias y población. La discrecionalidad con la que algunos políticos se asignan sueldos exorbitados es tan perniciosa como la idea de que los políticos deben tener salarios bajos. Una cosa es no enriquecerse en la política y otra muy diferente la demagogia que da alas a la antipolítica y al desprestigio de la gestión pública. Cabe exigir transparencia, responsabilidad y criterios iguales para todos.