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análisis

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una ceremonia este domingo con la Guardia Nacional venezolana.

REUTERS

Venezuela en quiebra

Salvador Martí Puig

De lo acontecido en el último bienio hay dos fenómenos terribles que no se pueden soslayar, a saber, el incremento de la represión y el galopante empobrecimiento de la ciudadanía

Hace más de dos meses que a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela se le venció el plazo por la que fue creada, sin embargo se le ha extendido el mandato hasta fines del año 2020 a pesar de no haber cumplido su principal mandato: la redacción de una nueva Constitución.

Hagamos memoria: la ANC nació con la voluntad de extraer los poderes a una Asamblea Nacional fruto de unas elecciones libres y competitivas donde la oposición ganó con amplitud. Los representantes de este “nuevo órgano” se escogieron a través de comicios donde sólo participaron entidades afines al régimen. Desde entonces la ANC ha legislado en consonancia a la voluntad del Gobierno, a menudo con el fin de neutralizar y criminalizar la oposición.

La ANC fue un punto de inflexión en la ya crítica realidad venezolana. Lo fue porque con ella el régimen ha podido aprobar por unanimidad leyes como la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” del 2017, que ha dado carta blanca a la represión gubernamental. Y también porque mostró al mundo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro está dispuesto a cambiar de forma unilateral el andamiaje institucional cuándo pierde el control de alguna instancia de poder.

Pero más allá del segundo aniversario de la creación de la ANC cabe preguntarse cuál es la realidad social y política del país a día de hoy. Ciertamente hay una profunda crisis de legitimidad nacional e internacional del Gobierno, pero de lo acontecido en el último bienio hay dos fenómenos terribles que no se pueden soslayar, a saber, el incremento de la represión y el galopante empobrecimiento de la ciudadanía.

Dato alarmante

Respecto al primer tema es preciso hacer mención al Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dicho informe afirma que en la última década –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano ha puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno. Un dato alarmante que ofrece el documento es que en el 2018 el 33% de los homicidios ocurridos en Venezuela fueron consecuencia de la intervención de la fuerza pública –un porcentaje que significa la cifra de 5.287 asesinatos.

En cuanto al segundo tema cabe señalar que el colapso económico y social del país tienen ya proporciones bíblicas. Según datos del Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS), el PIB del país ha caído el 50% en cinco años, y el salario mínimo no llega a los 10 dólares mensuales (8,9 euros), mientras la canasta básica está en unos 300 dólares al mes (268 euros). Como sentencia el analista venezolano Tomás Straka en un artículo, a 20 años de la llegada al poder de Hugo Chávez Venezuela es un país quebrado que, en poco tiempo, ha pasado del sueño de la “Venezuela saudí” a emular el “período especial” de su aliado caribeño.