Hay que gastar, pero bien

El gasto público es imprescindible. Para unos, los más liberales, cuanto menos mejor; para otros, con un peso mayor cuanto más defensores sean de la cosa pública. Pero lo cierto es que lo que es imprescindible es gastar de la forma más efectiva y eficiente posible. Se trata del dinero de todos.

Lo habitual en el sector público es poner en marcha planes y programas con determinadas dotaciones presupuestariaras, en muchas ocasiones, bienintencionados, pero lo que es menos común es evaluar la efectividad de estas iniciativas. Y eso resulta trascendental porque puede indicar qué es lo que falla, si es que lo hace; y qué habría que hacer para mejorar. O incluso si es mejor dejar de llevar a cabo una iniciativa por su escasa efectividad y dedicar los recursos a otras cuestiones.  

El papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en este sentido, es fundamental. El más reciente de sus análisis sobre el gasto público, que afecta a los <strong>programas de reindustrialización y competitividad industrial</strong> (Pograma Reindus), ha levantado ampollas. En una práctica que empieza a ser habitual, el ministerio de Industria ha arremetido contra este análisis, como ha ha hecho con otros relacionados con la posibilidad de que la subida del salario mínimo afecte a los empleos menos cualificados. Critica la forma cómo se ha hecho y que no incluyan las modificaciones introducidas por el actual Gobierno en el 2018. 

Pero la Airef no está para aplaudir o difundir las bondades de todo lo que hace el Ejecutivo, que puede defenderse solo, sino para estudiar si lo hace de la forma correcta o si hay otras maneras mejores de hacerlo. Es su finalidad, tal como recoge uno de sus principios fundamentales: "velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo".

Pero ¿qué decía el estudio? Pues concluye que el coste público de cada puesto de trabajo como consecuencia de estos planes es casi cinco veces mayor que el subsidio por desempleo máximo, y por cada euro invertido, la Administración tiene un coste de 55 céntimos de euro. Menduo saldo.

Del análisis de 11.200 solicitudes realizadas entre el 2008 y el 2016 se concluye que solo han accedido a este programa el 2% de las empresas industriales españolas, con resultados de inversión y empleo modestos, 4.700 puestos de trabajo y 208 millones de euros y un impacto que desaparece a los cinco años. Si es cierto que se ha mejorado en el 2018, bienvenido sea, pero eso no justifica atacar el trabajo de la Airef porque siempre es necesario que alguien determine que se gasta o no se gasta el dinero público bien.