Movilización en Estrasburgo

El independentismo vuelve a movilizarse en Europa. Esta vez, la convocatoria es junto a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo para reivindicar que Carles Puigdemont y Toni Comín puedan tomar posesión como eurodiputados. La primera incógnita es si Puigdemont y Comín acudirán a Estrasburgo. Los dos han asegurado que lo harán, pero existen dudas porque temen que en Francia puedan ser detenidos si se reactiva la euroorden que pesaba sobre ellos. El líder del PP, Pablo Casado, ya ha instado al Gobierno a hacerlo para que Puigdemont sea detenido y extraditado a España, convencido de que en Francia no pasará lo que ha ocurrido en Bélgica o Alemania.

La segunda incógnita es si se mantendrá, en caso de que acudan, la prohibición de entrada como eurodiputados en la Cámara. Ni Puigdemont ni Comín ni Oriol Junqueras han adquirido la condición plena de eurodiputados, los dos primeros porque no viajaron a Madrid para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) y el tercero porque el Tribunal Supremo no le permitió salir de prisión para acreditarse ante la misma JEC. Una diversidad de criterios difícil de entender, aunque el Supremo lo justificó para no perder, con el posterior viaje al extranjero, el control judicial sobre el proceso a que está sometido Junqueras.

Ante este embrollo jurídico-político, la estrategia independentista también es distinta. Mientras Puigdemont y Comín parecen dispuestos a forzar su acreditación presentándose en Estrasburgo, Junqueras ha recurrido por vía judicial para que sea el Tribunal de Luxemburgo de la UE el que diga si goza o no de inmunidad. Pero esa consulta debe hacerla el Supremo y aún no ha decidido. Y en caso de que decida acudir a la justicia europea, la decisión puede llegar cuando se haya ya dictado sentencia en el juicio del ‘procés’.

Las razones del Supremo para no permitir la acreditación de Junqueras y de la JEC para exigir la presencia de Puigdemont y Comín en Madrid han sido criticadas por diversos juristas porque afectan al ejercicio del derecho pasivo de participación del que siguen gozando. La decisión es discutible, pero también es comprensible el argumento de que los tribunales deben acabar su trabajo en el proceso contra los dirigentes independentistas cuando, al menos en el caso de Puigdemont y Comín, es evidente que sus abogados buscar cortocircuitar el proceso judicial obteniendo una especie de inmunidad sobrevenida.