Despotismo español de exportación

Este martes se constituye el Parlamento Europeo en Estrasburgo y, de nuevo, como empieza a ser costumbre, una serie de arbitrariedades adulteran el sentido del voto de miles de catalanes. Prácticamente la mitad de los votos emitidos en Catalunya durante las elecciones europeas del 26 de mayo fueron para las listas encabezadas por Puigdemont y Junqueras, dos personas que por el momento no han sido condenadas por ningún tribunal y que, en caso de finalmente serlo, todos sabemos que se deberá a unos hechos de naturaleza política: no hace falta repetir que en varios países occidentales han celebrado referéndums de independencia o de autodeterminación sin que ello haya llevado nadie ante un tribunal ni mucho menos detrás los barrotes de una cárcel.

Puesto que el problema es político y el relato oficial según el cual son unos simples delincuentes no se sostiene, es normal que muchos ciudadanos sigan insistiendo en las urnas, votación tras votación, y que por eso Puigdemont, Junqueras y Comín -todos ellos miembros del Govern que organizó el referéndum del 1 de octubre- hayan sido elegidos eurodiputados. Las excusas para evitar que puedan tomar posesión del cargo son absurdas, no tanto por ellas mismas, sino porque están viciadas de origen. Se exige a Puigdemont que vaya a Madrid para jurar la Constitución Española, cuando ya podría estar en el Estado español si el juez Llarena no hubiera retirado la euroorden porque un juicio limitado a la "malversación" –si se pudiera considerar malversación destinar dinero público a un ejercicio democrático reclamado por una parte mayoritaria de la ciudadanía y no el hecho de dedicar esfuerzos a su impedimento- no calmaba la sed de venganza.

Pero es en el caso de Junqueras en el que se desmonta todo el entramado argumental. Él está  aquí, soportando una prisión preventiva rencorosa, sin condena que justifique una inhabilitación. El pretexto es que su desplazamiento a las instituciones europeas implicaría "la pérdida de control jurisdiccional". Esto significa, en otras palabras, que saben que fuera de España no se podrían sostener los cargos de los que se le acusa en el Supremo. Gracias por la sinceridad.

Mientras, las instituciones europeas hacen de Poncio Pilato y se lavan las manos, escudándose en la voluntad de los organismos españoles. Hemos podido ver, en un giro ridículo de los acontecimientos, como se llegaba a retirar las credenciales a todos los eurodiputados españoles porque se notaba demasiado que no permitir la entrada a los electos independentistas catalanes era una medida discrecional. Cualquier razonamiento institucional comunitario para impedir el normal desarrollo de la actividad a los eurodiputados independentistas fija la mirada en Madrid. A través de presiones y vetos, España consigue exportar el despotismo a la misma Bruselas en la que, paradójicamente, los tribunales no supieron encontrar motivos para extraditar a los dirigentes independentistas.