Alquileres, remedios y enfermedades

Dice el dicho que a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad. En Catalunya ha estado a punto de suceder con el decreto que pretendía limitar los precios de los alquileres. Aprobado por el Consell Executiu en el ecuador de la última campaña electoral para las municipales, la norma surgida de la Conselleria de Justícia, en manos de Ester Capella, de ERC, buscaba esencialmente la complicidad de los 'comuns' y, en concreto, de Ada Colau de cara a una futura alianza en el Ayuntamiento de Barcelona. El tiro salió por la culata.

Pocos textos legales concitan tantas críticas y, por unos motivos u otros, unanimidad en el rechazo. Ni siquiera los socios de Esquerra en el Govern, la amalgama de ideologías bajo las siglas de Junts per Catalunya, estaba de acuerdo con la norma. De hecho, cuando se dio a conocer la primera intención de aprobar el decreto, desde la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, dirigida por Damià Calvet, no ocultaron su rechazo. Fue necesaria una negociación para poder dar imagen de unidad, como con otras cuestiones que atañen a un Govern dado a la política de los gestos.

Pues bien, nadie se ha mostrado dispuesto a apoyar la norma y convalidar el decreto. Y ni siquiera tramitarlo como proyecto de ley. La oposición, que lo ha visto como una especie de trágala, reclamó incluso que se retirara del orden del día del pasado miércoles. Pero Justícia quiso mantenerlo y, tras la votación, se evidenció la soledad del Govern.

La cuestión es ¿por qué tanta negativa si se perseguía limitar unos precios de los alquileres que están totalmente desbocados y con un aumento acumulado en cinco años del 38% en el área metropolitana, hasta alcanzar una media de 949 euros mensuales? Los límites establecidos en el decreto eran del 10% y del 20%, según los casos.

Al entrar en detalle es cuando se aprecia que el supuesto remedio podía agravar la enfermedad, ya que el índice a partir del que se iban a aplicar los límites ya era elevado, al proceder de la actual burbuja; podía desembocar en subidas desproporcionadas. Un ejemplo se pudo leer en las páginas de este diario. La casera de una familia de alquiler en el barrio de Gràcia les anunció que elevaría la renta mensual de 1.000 a 1.300 euros mensuales, lo que supone el 30% más. Y es que, por la tipología y ubicación de la vivienda, el índice de referencia era de 1.200, 200 euros más de los que pagan en la actualidad, por lo que el alza podía llegar  a 1.320. Menuda solución.

Y para los promotores, la norma desincentivaba invertir en viviendas para ser alquiladas, lo que podía provocar un parón en el sector. Puede que la intención fuera buena, pero lo cierto es que queda claro que podría haber resultado peor el supuesto remedio que la enfermedad.