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El sostenimiento del Estado del bienestar

Hijos, inmigrantes y pensiones

LEONARD BEARD

Hijos, inmigrantes y pensiones

Josep Oliver Alonso

Es más que urgente que los poderes públicos sitúen, junto al aumento de la productividad, la imprescindible recuperación de la natalidad

Hace unos días hablamos de inmigración, relacionándola con los mitos nacionalistas y el mestizaje. Hoy regresa aquí, pero vinculada a fenómenos más tangibles. El INE acaba de ilustrarnos acerca de la gravedad de la caída del crecimiento vegetativo de la población: entre 2008 y 2018, se ha contraído fuertemente (de un ascenso de 135.000 a una bajada de 56.000), resultado, en particular, del notable -28% de reducción de la natalidad (de 520.000 a 369.000 nacimientos). La noticia abrió telediarios y portadas, pero no entiendo por qué ha provocado tanto escalofrío: si se amplía el horizonte temporal, y se compara 2018 con el inicio de su colapso a finales de los años 70, la pérdida es abismal: los nacidos hoy son cerca de la mitad de los 730.000 de entonces.

¿Importan esos registros? Ciertamente, porque nos sitúan ante el espejo, en particular en lo referido al sostenimiento del sistema de pensiones. Ahí las previsiones son muy discrepantes. Mientras la Comisión Europea y las Naciones Unidas avanzan problemas severos en el medio y largo plazo, el INE y la AIReF postulan un horizonte de plétora demográfica de la mano de la inmigración. Así, la pasada semana, las Naciones Unidas advertían que, en un contexto de explosión demográfica planetaria (incremento en 2.000 millones de personas para 2050), en el Viejo Continente la población apenas aumentará y España destaca, en particular, por la sustancial caída de las personas en edad de trabajar (de 31 a 22 millones).

La dinámica inmigratoria

Es cierto que estos cálculos están sujetos a muchos condicionantes. Y, entre los más relevantes, el de la dinámica inmigratoria. En este ámbito, el propio INE postula que el arribo de unos 2,5 millones de inmigrantes netos (entradas menos salidas) los próximos años, permitirían aumentar la población en 2030 en unos tres millones. Esta es también la tesis de la AIReF, el organismo independiente que controla las finanzas públicas y que comparte esta optimista perspectiva: postula que, en el horizonte 2030, se habrán incorporado al país unos 1,3 millones de inmigrantes de 16 a 66 años, a los que se añadirían otros 3,5 millones en 2050. En total, casi 5 millones no nacidos en España en edad de trabajar. Es cierto que, dada nuestra estructura demográfica, a partir de 2030 en adelante, una parte de las entradas de inmigración reducirían el impacto que va a provocar en el mercado de trabajo la salida de los 'baby boomers', los que hoy tienen entre 45 y 66 años.

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Pero, para los próximos 10 años, el empleo plantea serias dudas sobre la capacidad de atracción, y de absorción, de tamaño flujo migratorio. De continuar lo sucedido entre 1997 y 2010, el grueso de los nuevos inmigrantes estará directamente vinculado al mercado de trabajo. Por tanto, el aspecto cardinal para evaluar la bondad, o la posibilidad, de aquellas previsiones es la capacidad de nuestra economía para generar los nuevos puestos de trabajo precisos.

Por ello, si circunscribimos el análisis a los próximos 10 años, ¿habrá ocupación suficiente para absorber aquella deseable inmigración? Suponiendo un crecimiento anual del 1,8% durante la próxima década, un incremento ciertamente muy optimista, se generarían 3,7 millones puestos de trabajo adicionales. Muy difícil de conseguir, en particular dado el cambio tecnológico y la presión de la globalización. Pero incluso en esta favorable hipótesis, absorber 2,5 millones de inmigrantes implicaría que dos terceras partes del nuevo empleo fueran para este colectivo. Y aunque es cierto que el pasado año, de los 500.000 puestos de trabajo creados, un 45% lo absorbió la inmigración, ampliar ese peso y prolongarlo una década no parece posible. En suma, el efecto llamada que ejerce la ocupación de bajo valor añadido difícilmente podrá mantenerse a los ritmos actuales.

Sin entradas masivas de inmigración, nuestra mísera natalidad nos conduce a un horizonte de difícil gestión. En el medio plazo, el de la próxima década, es más que urgente que los poderes públicos sitúen, junto al aumento de la productividad, la imprescindible recuperación de la natalidad y, por tanto, el replantearse seriamente el apoyo a la familia (vivienda, guarderías, reducciones fiscales, …). Porque bajo crecimiento de la productividad, reducida natalidad e inmigración limitada conducen, inexorablemente, al aumento de la edad de jubilación. En el largo plazo, y si la AIReF tiene razón, quizá no tengamos problemas serios en pensiones, pero el paisanaje y el propio país habrán cambiado radicalmente.