Ir a contenido

Análisis

Reclamar disculpas no procede cuando la opinión surge del estudio y se actúa con autonomía

Hace unos días desde el ministerio de Trabajo se exigió que el gobernador del Banco de EspañaPablo Hernández de Cos, pidiera perdón por las opiniones sobre los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional. Hice dos lecturas diferentes de la noticia. La primera, de rechazo por el atrevimiento de un cargo político, que hace lo que puede en el lugar que ocupa y sabe lo que sabe habida cuenta de la manera en que se la ha elegido --políticamente y de partido-, frente a una persona que además de la responsabilidad actual acumula un bagaje de conocimientos en un servicio de estudios de competencia suficientemente probada, especialmente si la comparamos con la de los gabinetes ministeriales.

La segunda lectura fue a favor de la autonomía del Banco de España, ahora sí, ya que el reproche mostraría que si la ministra quería dominar la opinión del Banco en el tema, esta vez no lo había conseguido. No seré yo quien defienda los nombramientos pasados y presentes de los gobernadores. Ni los consejeros de gobierno. Los primeros serán nombrados por el presidente del gobierno para un mandato que sobrepasa el ciclo político y que, a duras penas, puede sobrevivir una alternancia de gobiernos.

De los seis consejeros, sin ser una regla escrita, tres acaban siendo propuestos por el partido que domina el Gobierno en ese momento, dos por quien permanece en la oposición, y un periférico, o "cuota catalana" se le llamaba en la etapa del bipartidismo.

Ya en su momento escribí sobre la deficiencia de este procedimiento, y en concreto, la mala jugada que suponía para el actual gobernador que el PP (el Gobierno, perdón) lo nombrara a dedo. En un país normal lo hubiera hecho una comisión de nombramientos del Parlamento, con una comparecencia de la que Pablo Hernández de Cos hubiera salido sin duda con buena nota, y sin el sambenito de la mala causa de quien políticamente, Rajoy, lo designó.

El tema de la autonomía del Banco viene de lejos. Recuerdo cuando aún estudiaba un movimiento que encabezaba un catedrático de Derecho Financiero que escribía contra esta autonomía del supervisor bancario. Exigía desde postulados supuestamente democráticos que los presupuestos de la entidad fueran aprobados en el Parlamento, intervención y contabilidad pública en la su actuación, y estatuto personal funcionarial. Y de actuación con criterio propio, nada de nada.

Estando en el Banco entendí que la autonomía a la que aspirábamos nunca quería decir independencia. La actuación debe situarse en los ámbitos que marca el propio estatuto de creación de Banco. Fuera de este marco competencial no puede ejercer discrecionalidad arbitraria. Así lo intentamos muchos de los que hemos sido miembros de su órgano de gobierno. Ciertamente, sin embargo, el tentáculo político es muy largo y en un régimen presidencialista como el que permite el ente regulador, nombrar un gobernador, aunque después sea difícil de cambiar, puede dejar peajes de agradecimiento eterno.

Y el poder ejecutivo siempre puede pensar que los que sirven a la institución son sus subalternos. Recuerdo muy bien cuando en época de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y, en sesión plenaria, me pasó él mismo una nota con una noticia en la que el ministro de la época, Celestino Corbacho, desde Las Palmas, me ponía a parir por una opinión expresada sobre el mercado de trabajo español. De entrada, no hace ninguna gracia que te sitúen en el pim pam pum político sin buscarlo.

Pero pedir perdón por una opinión dada desde el estudio y no la improvisación, desde la tranquilidad y no con la boca caliente del debate partidista, no procede nunca para quien actúe en su marco de autonomía y hable con independencia de criterio. Y menos exigirlo desde los medios. El tiempo siempre acaba poniendo a cada uno en su lugar, a pesar de la dificultad personal que se pueda vivir en momentos determinados.